En Zaragoza, el Gobierno local se prepara para implementar un nuevo protocolo diseñado para combatir la ocupación ilegal de viviendas, conocido como el protocolo 'antiokupación'. Esta medida será aprobada en la reunión que se celebrará esta semana y tiene como objetivo establecer una serie de criterios específicos que guiarán las acciones de la Policía Local, un cuerpo que ha destacado por su cercanía con los ciudadanos y su compromiso en la defensa de los derechos y libertades individuales.

El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Ángel Lorén, explicó que esta iniciativa fue una promesa de la alcaldesa Natalia Chueca durante el reciente Debate sobre el estado de la Ciudad. A través de este nuevo protocolo, el Ayuntamiento de Zaragoza busca dotarse de herramientas efectivas para hacer frente a la creciente ocupación ilegal, especialmente ante la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno español para erradicar este fenómeno.

Lorén denunció que la 'okupación' representa un problema significativo que no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también contribuye a la degradación de la convivencia en los barrios. Si bien el Congreso aprobó recientemente una nueva ley destinada a facilitar el desalojo de ocupantes, el consejero expresó sus dudas sobre su aplicación real, dado que fue resultado de una alianza inusual entre dos socios del PSOE, con el voto de los socialistas en contra, y considerando que la ocupación ilegal ha aumentado casi un 40% en los últimos seis años en el país.

Con un tono irónico, el consejero hizo hincapié en que los socialistas parecen tener más éxito en sus labores gubernamentales cuando cometen errores, sugiriendo que también son expertos en cambiar de opinión abruptamente.

Es relevante recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza ya había establecido en 2021 un servicio de asesoría legal gratuito para los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal, que ha atendido un total de 340 casos en el transcurso de tres años. Según los datos más recientes, Las Delicias representa el 36,4% de los casos reportados, seguido por el Casco Histórico con un 18% y Oliver-Valdefierro con un 9%.

Lorén subrayó que la creación de este protocolo es un paso adicional en la búsqueda de mayor seguridad para los vecinos y sus barrios. La propuesta permitirá a la Policía Local extender su capacidad de intervención contra la ocupación ilegal, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior no ha proporcionado los recursos necesarios para enfrentar este grave problema.

El nuevo protocolo toma como base una directriz de la Fiscalía General del Estado emitida en 2020 y se ampara en varios artículos de la Constitución Española, que garantizan el derecho a la seguridad, a la libertad y la inviolabilidad del hogar. La Policía Local se estructurará en torno a tres acciones principales: identificación, desalojo y posible detención de ocupantes.

Las acciones iniciales incluyen la identificación de los ocupantes ilegales, quienes deberán mostrar su título, contrato o autorización para residir en el inmueble. Asimismo, se identificará al titular del derecho a la propiedad y se le informará sobre la posibilidad de instaurar una denuncia ante las fuerzas de seguridad o la autoridad judicial.

Además, los agentes podrán verificar que la vivienda corresponde efectivamente a otra persona y que el dueño no desea que los ocupantes permanezcan ahí; también tendrán la facultad de identificar a testigos que puedan corroborar los hechos. Entre otras funciones, se realizarán inspecciones para documentar daños causados en la propiedad y se comparecerá ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para iniciar el correspondiente protocolo de actuación.

Asimismo, se contempla la obligación de informar a los servicios sociales del Ayuntamiento en caso de que se detecten menores o personas vulnerables entre los ocupantes, y se aconsejará al propietario sobre las medidas de seguridad que debe adoptar para proteger su inmueble en caso de que sea desalojado. Si se identifican indicios de actividad criminal organizada en el ámbito de estas ocupaciones, se procederá a documentar dicha actividad en el atestado policial.

Para que la Policía Local pueda llevar a cabo el desalojo de los ocupantes, es imperativo que se acredite la existencia de un delito flagrante. En este tipo de delitos, la definición de flagrante no está necesariamente sujeta a un marco temporal, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que se puede aplicar en varias situaciones.

Por ejemplo, se considera que un delito es flagrante cuando un agente presencia directamente actividades ilícitas, como la entrada a un inmueble de manera forzada. También se contempla como tal el aviso de vecinos o testigos que alertan sobre la ocupación in situ, o la activación de alarmas de seguridad que indiquen una intrusión.

La Policía Local, en caso de detectar violencia o intimidación durante una ocupación, tendrá la facultad de realizar detenciones. Sin embargo, en situaciones en que no se presente violencia, las detenciones solo se llevarán a cabo si los ocupantes no tienen un domicilio conocido o si pueden ofrecer una fianza adecuada.