PALMA, 19 de noviembre.

El grupo parlamentario de Vox ha decidido incorporar como asesora a Esmeralda Pastor, quien anteriormente ocupó el cargo de directora general de Justicia en el Gobierno de Aragón. Esta decisión ha generado controversia, dado que Pastor fue acusada de promover el franquismo tras ser fotografiada junto a una bandera preconstitucional, lo que desató críticas en las redes sociales.

La información sobre su nombramiento se encuentra publicada en el Boletín Oficial del Parlament desde el pasado viernes, donde se detalla la aprobación solicitada por Manuela Cañadas, la portavoz de Vox en la cámara legislativa, para que Pastor desempeñe funciones como personal eventual a tiempo completo.

Sin embargo, fue este martes cuando la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, hizo eco de este nombramiento en su cuenta de la plataforma social X. En su publicación, Carrió expresó su preocupación por la posibilidad de que se contrate con fondos públicos a "franquistas conocidos y reconocidos", una afirmación que volvió a encender el debate sobre la ideología de Vox.

Carrió aseveró que la presencia de Vox en el Parlament representa una clara inclinación hacia el franquismo en una de las instituciones más importantes del país. Además, recordó que este partido es un aliado del PP y del Govern que preside Marga Prohens, lo que añade una dimensión política a la controversia.

De acuerdo con lo que se detalla en el comunicado oficial, el nombramiento de Esmeralda Pastor, que tendrá un salario anual de poco más de 22.000 euros, se formalizó el pasado 31 de octubre. Esta decisión es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y también ante la Mesa del Parlament, lo que abre un posible camino legal para cuestionar el nombramiento.

Esmeralda Pastor fue designada como directora general de Justicia del Gobierno de Aragón el 31 de agosto de 2023. Poco tiempo después, luego de que se hiciera pública una foto en la que aparecía junto a una bandera preconstitucional, diversos partidos, incluyendo al PSOE, Sumar y la Chunta Aragonesista (CHA), exigieron su destitución, argumentando que sus acciones constituían una clara "apología del franquismo" y demandaron explicaciones al presidente autónomo, Jorge Azcón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se pronunció en esos días, mostrando su descontento respecto a las imágenes de la nueva directora general y criticando a Azcón por no haber procedido a su destitución, dada la dependencia de Vox para configurar su gabinete ejecutivo.

Finalmente, Esmeralda Pastor dejó su cargo en la Dirección General de Justicia de Aragón el 19 de septiembre, tras las diferencias surgidas entre su partido, Vox, y el resto de fuerzas en el gobierno regional, especialmente en lo relativo a la gestión del acogimiento de menores migrantes.