En un análisis reciente de la situación económica de las comunidades autónomas en España, se ha revelado que 13 de estas han decidido reducir notablemente su gasto en rentas mínimas. Este fenómeno ha sido especialmente agudo en lugares como Madrid y Aragón, donde los recortes han superado el 90% desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, de acuerdo con la información proporcionada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) correspondiente al año 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha registrado una disminución media del 15,9% en las rentas mínimas de inserción en toda España desde la introducción del IMV. Este descenso plantea cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas sociales implementadas en los últimos años.

Las comunidades autónomas que han realizado los recortes más drásticos son, en primer lugar, Aragón, con un sorprendente 96,2% de reducción en las rentas mínimas, seguida de cerca por Madrid con un 91,1%. Otros territorios que han experimentado recortes significativos incluyen Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%). Por otro lado, los casos de Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco se presentan como excepciones, con incrementos en sus presupuestos de rentas mínimas que alcanzan hasta un 103% en Canarias.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales resalta que esta reducción en los presupuestos de las RMI en la mayoría de las comunidades implica un cambio notable en la tendencia al alza que se había mantenido desde 2011, resultando en una pérdida total de 320 millones de euros en este ámbito. Este declive en la inversión social podría tener consecuencias significativas para aquellos que dependen de este tipo de ayudas.

Además, la asociación pone de manifiesto que una parte de los recursos ahorrados en las RMI ha terminado siendo destinada a otros fines fuera de los servicios sociales. No obstante, se reconoce el esfuerzo de comunidades como Castilla y León y Madrid, que han comprometido esos ahorros a fortalecer otros servicios sociales.

En un panorama preocupante, solo el 5,9% de la población española que se encuentra bajo el umbral de la pobreza se ha beneficiado de las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas. Este porcentaje ha ido en declive desde 2015, salvo en el año de la pandemia, cuando alcanzó un 8,7%. La situación pone de relieve la insuficiencia de estas ayudas ante la creciente pobreza en el país.

Las cifras varían considerablemente entre comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco y Navarra presentan porcentajes elevados, con un 51,2% y un 38,2% respectivamente, de su población situada por debajo del umbral de la pobreza. En contraposición, hay cinco comunidades donde las RMI no llegan a alcanzar el 2% de las personas en esta situación. En concreto, Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla-La Mancha (0,3%), así como Aragón, donde la media no supera el 1% de la renta media de la comunidad.

En lo que se refiere a la cuantía media que reciben los beneficiarios de las RMI en el conjunto de España, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales indica que esta se sitúa en un 15,9% de la renta media por hogar. A pesar de haber experimentado un incremento de dos puntos en el último año, se considera que esta cifra sigue siendo "extremadamente baja".

Las comunidades que ofrecen las cuantías más elevadas en relación con la renta media de los hogares son Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y Comunidad Valenciana (15,2%). En contraste, las que menos aportan son Murcia (9%), Madrid (9,1%), y el caso más extremo, Aragón, donde únicamente representa el 0,7% de la renta media de los hogares en la región, lo que plantea serias interrogantes sobre la equidad y efectividad del sistema de rentas mínimas en España.