En Zaragoza, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Lola Ranera, ha expresado su profunda preocupación por las obras de remodelación en la Plaza de San Miguel. Según ella, este proyecto es un claro reflejo de la "soberbia" de la alcaldesa Natalia Chueca, quien aparentemente prefiere gobernar en solitario desde su oficina, ignorando las opiniones de los residentes y comerciantes locales, quienes son los verdaderos conocedores de las problemáticas en la zona.

Ranera, junto a la concejal socialistas Ros Cihuelo, ha señalado que los vecinos y comerciantes de San Miguel se han visto obligados a recurrir a la Justicia de Aragón para expresar su descontento, ya que no han sido consultados sobre una obra que, además de no haber sido solicitada, representa una inversión cercana a los 8 millones de euros.

Esta intervención, calificada como "transversal", impacta de manera significativa en aspectos fundamentales como la movilidad, la seguridad, el medio ambiente y la preservación del patrimonio de la ciudad.

La líder de la oposición ha destacado que en la zona operaban hasta diez líneas de autobús y circulaban aproximadamente 9,000 vehículos privados al día. “Sin embargo, a estas alturas, no tenemos claridad sobre cómo se verá afectada la movilidad”, advirtió.

Además, Ranera se cuestionó sobre el impacto medioambiental del proyecto, planteando interrogantes sobre el futuro de los árboles en la zona: “¿Se talarán? ¿Se trasladarán? ¿Hasta dónde se llegará?”, sostuvo, mientras también mencionaba la incertidumbre que rodea la instalación de pérgolas y la seguridad en el área de la plaza San Miguel.

La portavoz también enfatizó la necesidad de conocer el estado de los restos arqueológicos hallados en las obras, instando a obtener los informes pertinentes sobre este tema.

Por otro lado, subrayó la importancia de que se informase sobre el progreso de las obras, especialmente si efectivamente se cumplirán los plazos anunciados para su finalización en un periodo de seis meses y bajo qué condiciones se llevarán a cabo.

Criticó abiertamente la falta de comunicación por parte del gobierno municipal: “El problema radica en no dialogar con los vecinos y comerciantes, no entender los problemas reales y gobernar desde una elevada atalaya", manifestó Ranera.

En respuesta a esta situación, el PSOE ha decidido pedir la comparecencia del consejero Víctor Serrano en la próxima Comisión de Urbanismo, a fin de que explique pormenorizadamente el proyecto que, según dicen, no ha sido suficientemente explicado a los propios vecinos.

Con una inversión que asciende a casi 8 millones de euros, Ranera concluyó que debería haberse llevado a cabo un proceso de participación y transparencia con los verdaderos involucrados: los vecinos y comerciantes, algo que, según ella, ha brillado por su ausencia en la gestión del gobierno de Natalia Chueca.

La concejala socialista Ros Cihuelo añadió que la reforma no fue solicitada por los comerciantes ni los vecinos, y ha sido impuesta sin la participación adecuada, generando una gran incertidumbre en relación a los accesos y la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos de emergencia. Asimismo, destacó la importancia histórica de la plaza, que ha sido un símbolo durante cientos de años.

Finalmente, tanto ella como el PSOE claman por un urbanismo que combine el respeto por la cultura local con la modernización necesaria, enfatizando que esta obra no puede ser tratada de manera aislada de la comunidad que la rodea.