El Grupo Socialista ha desatado un debate en las Cortes de Aragón tras presentar una propuesta que exige al Gobierno autonómico cumplir con la Ley de comunidades energéticas. Esta ley establece que los más de diez millones de euros generados anualmente a través del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética deben ser distribuidos entre los municipios aragoneses afectados por la instalación de parques eólicos y solares.

La iniciativa busca activar de inmediato el mencionado Fondo, en conformidad con la Ley 5/2024, que promueve tanto las comunidades energéticas como el autoconsumo industrial en nuestra región. La legislación impone la obligación de repartir los recursos recaudados durante el 2025 entre las localidades rurales que han experimentado la expansión de estos proyectos de energía renovable.

Darío Villagrasa, diputado del PSOE, instó al Gobierno de Aragón a llevar a cabo todas las acciones legales y administrativas necesarias para asegurar que los fondos del mencionado Fondo sean distribuidos a los ayuntamientos en el próximo año. Se estima que esta cantidad podría superar los diez millones anuales, sin importar si el presupuesto para 2026 ha sido aprobado o no.

El parlamentario también subrayó que Aragón está a punto de recibir una cifra récord de transferencias del Gobierno central, lo que contrasta con la inacción del Ejecutivo de Azcón. Recordó que la Ley de fomento de comunidades energéticas fue aprobada el 19 de diciembre de 2024 y publicada en el boletín oficial el 31 de diciembre. Esta norma establece claras obligaciones para el Gobierno de Aragón, entre ellas, los lineamientos del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, su creación y la distribución de los fondos a los municipios que se beneficien.

Villagrasa mencionó que, a pesar de que la normativa lleva casi un año vigente, aún no se ha implementado, limitando su eficacia debido a la falta de un presupuesto aprobado para 2025 y a la extensión de un presupuesto prorrogado.

En su intervención, el diputado del PSOE enfatizó la necesidad de respetar la legalidad sobre la creación y distribución de este fondo, que es uno de los aspectos esenciales que motivaron la aprobación de la ley en las Cortes aragonesas en diciembre de 2024.

El artículo 53 de la ley en cuestión establece que el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética se crea con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y combatir la despoblación en las áreas generadoras de energía renovable, incluidas las que enfrentan limitaciones medioambientales y orográficas.

A pesar de la controversia en torno a la constitucionalidad del impuesto establecido en septiembre de 2025 y de los esfuerzos de mediación entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, el año 2025 ha transcurrido sin avances concretos en la implementación de este fondo.

Villagrasa también señaló que el impuesto, que comenzó a recaudar a mediados de 2024, generó 10,79 millones de euros para el Gobierno de Aragón, pero estos recursos no fueron distribuidos conforme a los parámetros de la ley. Además, para 2025 se proyectó una recaudación de 20 millones de euros, sumando el total a los fondos disponibles.

El reconocimiento de los destinatarios de la norma incluye a los ayuntamientos que se ven directamente afectados por los parques de energía renovable y aquellos que, por razones medioambientales, no pueden desarrollar sus propios proyectos. Villagrasa insistió en que, independientemente de la aprobación del presupuesto para 2026, este fondo debe ejecutarse y dotarse con al menos diez millones de euros, beneficiando así a los consistorios.

En una reciente rueda de prensa, Villagrasa habló sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera y destacó que Aragón experimentará la mayor transferencia económica de su historia, con más de 5.322 millones de euros, un 7% más que en años anteriores. Sin embargo, advirtió que la inacción del Gobierno de Azcón plantea un contraste preocupante.

Desde su perspectiva, la falta de propuestas concretas y la existencia de un presupuesto sin presentar han llevado a una situación donde se dejaron de ejecutar cientos de millones de euros en inversiones. Según Villagrasa, la tendencia para el ejercicio 2025 es que la gestión del presupuesto sea aún más problemática.

Por último, el diputado hizo hincapié en la falta de apoyo del Gobierno aragonés hacia los municipios, señalando que, en un período de supuesta mejora económica, se ha mantenido una baja asignación a los ayuntamientos, a lo que se suma la ineficacia en la ejecución de los fondos destinados a la cohesión territorial. Afirmó que la gestión del PP ha priorizado convenios con las capitales a expensas de las localidades más pequeñas.