En un reciente giro de acontecimientos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Calatayud, Zaragoza, ha logrado frenar un intento del gobierno municipal liderado por el Partido Popular (PP) para privatizar la práctica deportiva en la ciudad. Este controvertido proyecto contemplaba la construcción de un nuevo centro deportivo cuya gestión iba a ser delegada a una empresa privada durante un periodo de 40 años, lo cual habría supuesto un incremento considerable en los precios de acceso a estos servicios, afectando directamente a las familias que han disfrutado de ellos de manera asequible durante más de cuatro décadas.

La portavoz del PSOE, Sandra Marín, ha dejado claro que la decidida oposición de su partido, sumada a la movilización de los ciudadanos y clubes deportivos locales, ha sido fundamental para que el equipo del PP se vea obligado a retirar la propuesta, la cual calificó de "lesiva para los vecinos de Calatayud". Esta reacción contundente revela la preocupación por el bienestar de la comunidad ante decisiones que podrían margina a muchas familias de acceder a servicios públicos básicos.

El proyecto, desde sus inicios, fue considerado como un plan orientado a la rentabilidad económica, lo que se traducía en un aumento significativo de tarifas, según explicó Yolanda Júlvez, concejala y portavoz socialista en la Comisión de Cultura, Deporte, Turismo y Festejos. Estas tarifas ya se perfilaban en un escenario en el que la matrícula del polideportivo pasaría de los actuales 31,20 euros a 110 euros, mientras que la cuota mensual se incrementaría de 8,50 euros a 45 euros, un cambio que habría afectado gravemente la accesibilidad de estos servicios.

Este aumento de precios no solo afecta a los individuos, sino que también deja de lado las tarifas de discapacidad, y los clubes deportivos se verían obligados a pagar una cuota de 200 euros solo para utilizar las instalaciones nuevas para su disciplina, en comparación con la actual cuota de 96 euros que permite el uso de todas las instalaciones. Estas medidas restrictivas reflejan un claro intento de limitar el acceso a la infraestructura deportiva a aquellos que no pueden permitirse tales precios.

La crítica del PSOE no se detiene en los precios, ya que la privatización a 40 años representaría un costo total para los ciudadanos de Calatayud de 41 millones de euros. Júlvez ha señalado además que bajo las condiciones del traspaso, el Ayuntamiento de Calatayud se haría responsable de los costos de suministros y obras, lo que aumentaría la carga financiera sobre los contribuyentes locales.

Al respecto, la concejala socialista ha manifestado que el PSOE permanecerá alerta para asegurar que los planes municipales en torno a las instalaciones deportivas, tanto actuales como futuras, no resulten en un "descapitalización para Calatayud ni un perjuicio para los vecinos". Júlvez enfatizando su posición ha declarado que "privatizar servicios, encarecerlos e impedir la igualdad de oportunidades es apostar por una ciudad sin futuro".

En esta línea, Júlvez ha criticado abiertamente el proyecto que ha sido retirado por el alcalde José Manuel Aranda, describiéndolo como un claro "desmantelamiento" de los servicios públicos. Según la concejala, la fórmula que propone el Ayuntamiento es sinónimo de "más impuestos y tasas, menos recursos, menos posibilidades y peor promoción". Y reafirmó la posición del PSOE, asegurando que "ahí no nos van a encontrar nunca".