ZARAGOZA 22 Nov. - En un contexto cada vez más necesario de atención hacia la violencia de género, el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, ha manifestado su intención de proponer la creación de un Observatorio de Violencia de Género centrado en las áreas rurales. Esta iniciativa se plantea formalmente durante la próxima reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Género, agendada para este viernes. Este observatorio estaría destinado a integrarse dentro del Observatorio Aragonés, que a su vez depende del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

La propuesta de Ballestín surge como respuesta a una inquietud expresada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, conocida como Fademur. Esta organización ha señalado que un alarmante 30% de los homicidios machistas en España ocurre en localidades con menos de 20.000 habitantes. Se argumenta que existen particularidades en estos casos que requieren un enfoque específico y ajustado a las realidades de estas pequeñas comunidades.

El presidente ha citado ejemplos concretos, como la implementación de medidas de control telemático para los agresores, enfatizando que las circunstancias son muy distintas si se vive en una gran ciudad en comparación con un pequeño pueblo, donde la distancia entre el agresor y las víctimas puede ser tan corta como 500 metros. Esto subraya la necesidad de soluciones adaptadas a cada contexto.

En su intervención, Ballestín también ha destacado la importancia del nuevo centro de crisis que se abrirá en Zaragoza, destinado a la atención 24 horas a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Este centro se ubicará en el distrito del Casco Histórico y, según enfatiza el presidente, debe comenzar a operar de manera inminente, dado que la falta de funcionamiento podría resultar en la pérdida de financiamiento a través de los fondos Next Generation, algo que se ha logrado ya en los centros de Huesca y Teruel, que sí están en funcionamiento.

Aunque Ballestín sugiere que en el futuro se podría expandir la atención a otros tipos de violencia de género, de momento, el nuevo centro estará enfocado exclusivamente en casos de violencia sexual. En este sentido, la reunión de la Comisión también servirá para evaluar el cumplimiento de los proyectos lanzados desde su constitución el 24 de junio de 2022.

Una de las iniciativas mencionadas incluye la creación de 'salas amigables' para las víctimas, que ya han sido instaladas en varios juzgados de Zaragoza y otras localidades como Ejea de los Caballeros, Calatayud, Daroca y Tarazona. Sin embargo, estas salas aún requieren mobiliario y todavía no hay avances en las localidades de La Almunia de Doña Godina y Tauste, donde se han identificado distintos retos estructurales para finalizar su habilitación.

En cuanto a La Almunia, Ballestín ha señalado que se requieren reformas complejas para establecer una sala independiente, mientras que en Caspe el inicio de las obras ha sufrido demoras por diversas razones. Esto pone de manifiesto los obstáculos que pueden surgir en el proceso de implementación de medidas pensadas para ayudar a las víctimas.

Además, durante la reunión se revisará la elaboración de guías que detallan los derechos de las víctimas y buenas prácticas judiciales. Estas guías han sido aprobadas por la Comisión y están en proceso de diseño para su difusión en formato tríptico y en línea. Esto refleja un esfuerzo constante por parte de las instituciones que buscan no solo informar, sino también empoderar a las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia de género.

Ballestín ha enfatizado que el objetivo de estas iniciativas es ofrecer apoyo y asesoramiento a las víctimas desde el primer instante, pero ha subrayado la necesidad de seguir mejorando la atención que reciben. La guía de buenas prácticas está orientada a mejorar la calidad del servicio proporcionado por los profesionales que se encuentran en primera línea de atención a víctimas.

Por otro lado, el presidente ha tomado nota de un preocupante aumento en los informes de agresiones sexuales dentro del contexto de la violencia de género. Aunque no es su labor directa realizar un seguimiento de estos datos, ha opinado que, posiblemente, este incremento puede estar relacionado con una mayor disposición de las víctimas a denunciar sus casos, y no necesariamente con un aumento real de la criminalidad.

En este sentido, ha resaltado la importancia de las campañas institucionales destinadas a animar a las víctimas a presentar denuncias, asegurando que esto puede ayudar a incrementar la visibilidad de los problemas y, a su vez, acompañar a las víctimas en su proceso de denuncia.

Finalmente, otro de los proyectos que se discute es la creación de una base de datos que será gestionada por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Esta base de datos tiene que definir qué información recopilará, quién tendrá acceso a ella y cómo se manejarán los datos sensibles, dado el alto nivel de privacidad y confidencialidad requeridas en casos de violencia de género y agresiones sexuales. Ballestín ha hecho hincapié en que se debe tener sumo cuidado en el manejo de esta información, ya que ciertos datos, como el ADN, aunque son relevantes para el sistema judicial, no aportan valor al resto de las instituciones.