En Mora de Rubielos, Teruel, Alejandro Nolasco, portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, ha calificado como "delirante y aberrante" la llegada de un grupo de 120 malienses procedentes de Canarias, a quienes el Gobierno de España ha decidido distribuir en la localidad. Según Nolasco, esta acción es criticable porque no se sabe nada acerca de estos individuos: sus antecedentes penales, si hablan el idioma local o sus intenciones en el país.
Nolasco ha expresado su descontento en una manifestación prohibida por la Subdelegación del Gobierno en Teruel, donde denunció que meter a estos 120 inmigrantes en un pueblo de 1.500 habitantes, supone el 10% de la población local y es una verdadera aberración.
El portavoz de VOX ha responsabilizado al Gobierno de España por distribuir a estas personas sin ningún tipo de información previa, lo cual considera una falta de humanidad por parte de las autoridades. Asimismo, ha advertido sobre posibles incidentes que puedan surgir, responsabilizando de antemano al PP y al PSOE.
Nolasco ha señalado que VOX se retiró del Gobierno de Aragón por cuestiones de seguridad, afirmando que no quieren más incidentes ni inseguridad en la región. Criticó duramente a los políticos que, según él, solo buscan beneficio personal y repartir a los inmigrantes llegados al país.
El portavoz de VOX instó a la ciudadanía a manifestarse en contra de las decisiones del Gobierno de Sánchez y de otros partidos políticos, a quienes acusó de colaborar con esta supuesta situación criminal. Además, censuró al PP por ser, en sus palabras, "el PSOE azul" y participar en actos que considera dañinos para la seguridad de la población.
En cuanto a la prohibición de la manifestación convocada por VOX en Mora de Rubielos, Nolasco la consideró como un acto sin precedentes. Criticó al subdelegado del Gobierno en Teruel, al que acusó de obedecer a las órdenes de un "tirano" como Sánchez, impidiendo así que los vecinos expresen su descontento ante la llegada de los malienses.
Finalmente, Nolasco lamentó la opacidad del Gobierno y la falta de tiempo para recurrir la prohibición de la manifestación, calificando la situación como un atropello a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
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