En Zaragoza, el 19 de diciembre, la situación dentro de la Administración General de la Diputación General de Aragón ha llevado a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF a expresar su descontento ante la inacción del Gobierno aragonés respecto a las movilizaciones que se han desarrollado en semanas recientes. Estos grupos laborales han insistido en que continuarán con sus protestas hasta que el número de vacantes en la administración disminuya del alarmante 22% actual a un nivel más manejable, específicamente al 6% que se registraba hace dos años.

Este mensaje se hizo eco en una manifestación que tuvo lugar el jueves frente al edificio del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, que alberga al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Las organizaciones sindicales han subrayado que la escasez de personal afecta gravemente a los servicios ofrecidos a los usuarios, muchos de los cuales se encuentran en centros públicos que dependen de una adecuada cobertura administrativa.

Paco González, secretario general de la sección sindical de CCOO en la Diputación General de Aragón, ha manifestado su frustración por la respuesta del Gobierno, que no ha mostrado interés en sentarse a dialogar o proporcionar soluciones. En cambio, ha denunciado que el Gobierno ignora la gravedad de la situación al afirmar que no tienen problemas en la administración actual.

Este enfoque del Gobierno se contrapone a la creciente lista de vacantes, que según los sindicatos, alcanza las 2,700 plazas sin cubrir. González ha insistido en que los sindicatos seguirán presionando para revertir la situación y regresar a las cifras anteriores, donde el porcentaje de plazas vacantes no superaba el 6%, es decir, unas 650 o 700 plazas, en contraposición al 22% que se enfrenta en este momento.

Las cifras alarmantes indican que el porcentaje de vacantes ha aumentado casi cuatro veces, lo que González considera una señal de que el Gobierno podría estar escondiendo decisiones organizativas críticas que, eventualmente, podrían resultar en una mala noticia para los ciudadanos. Esta falta de transparencia ha perturbado a los trabajadores y ha suscitado su determinación a seguir movilizándose.

Antonio Herrera, de UGT Aragón, ha señalado que se prevé que las protestas se extiendan a otros departamentos, buscando además involucrar a la ciudadanía en una cuestión que afecta a todos. Se ha cumplido ya el quinto acto de protesta en la comunidad autónoma, siendo el tercero en Zaragoza, y a pesar de la repetición de su mensaje, el Gobierno aragonés continúa sin ofrecer respuesta, lo que suscita más indignación entre los manifestantes.

La insuficiencia de personal administrativo, tal como enfatiza González, tiene un impacto directo en la atención a los usuarios. Este déficit se traduce en dilaciones en la obtención de ayudas y prestaciones, algo que afecta particularmente a familias numerosas que, como señala, están perdiendo beneficios y bonificaciones cruciales.

González también argumenta que, aunque la administración tiene presupuestados 12,000 puestos de trabajo y margen para cubrir bajas, el Gobierno aragonés ha dejado sin ejecutar aproximadamente un 20% de ese presupuesto, sin ofrecer razones claras al respecto. La falta de acción lleva a señalar que este es un tema que necesita visibilizarse con urgencia.

Yolanda Mediel, responsable autonómica de CSIF, ha hecho hincapié en que los puestos vacantes son parte de la estructura organizativa de la administración y no representan un gasto adicional, ya que deberían ser ocupaciones previstas dentro del presupuesto. La falta de cobertura de estos puestos, que están destinados a la atención ciudadana, resulta en una creciente frustración entre la ciudadanía que depende de estos servicios.

González ha indicado que hay varios factores detrás del problema, incluyendo la posible práctica del Gobierno de no cubrir vacantes para engañar sobre las tasas de temporalidad. También ha mencionado una lógica preocupante en el Gobierno, que plantea la idea de que ciertos puestos no son necesarios, lo que podría indicar un camino hacia la privatización de ciertos servicios.

Mediel ha pedido que se implemente una planificación efectiva en la gestión de recursos humanos, algo que ha sido inexistente, dejando a muchas plazas vacías y sin claros motivos. Ante esto, CSIF ha propuesto la creación de listas de interinos para facilitar una cobertura más eficiente de las vacantes, así como restablecer un procedimiento de cobertura urgente que fue introducido pero que ahora se desvía bajo la administración actual.

Esta cuestión de la gestión del personal ha llevado a cuestionar las directrices que regulan la contratación de interinos, especialmente en lo que se refiere al cese de aquellos que, según Mediel, no deberían ser despedidos, lo que añade aún más presión a una situación que ya es crítica.