En Zaragoza, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, Aída Ramírez, ha interrogado a Miguel Ángel V.P., supervisor del CAM de Ateca durante los acontecimientos bajo investigación. Miguel Ángel V.P., sospechoso de omisión de socorro, ha sido puesto en libertad provisional sin fianza, pero se le ha retirado el pasaporte.
Además, se le ha prohibido salir del país, se le ha ordenado comparecer en el juzgado todos los lunes y otras ocasiones que sean necesarias, así como establecer un domicilio y notificar cualquier cambio mientras dure el proceso judicial.
La magistrada advirtió al acusado que si no cumple con las medidas cautelares, su situación podría ser revisada con restricciones más severas e incurrir en un delito de violación de medida cautelar.
La Guardia Civil arrestó a Miguel Ángel V.P. en Móstoles y lo trasladó a Calatayud para declarar ante la jueza a cargo del caso. Como supervisor, formó parte del equipo directivo del centro desde 2017 hasta 2024, según el TSJA.
La jueza considera que hay pruebas suficientes para imputar a Miguel Ángel V.P. por omisión de ayuda, lesiones, torturas, daño moral y agresión sexual a menores, estos últimos como cómplice necesario, lo cual deberá investigarse durante el proceso.
Además, la magistrada no ve riesgo de fuga ni de que el acusado pueda perjudicar a las víctimas menores, ya que está jubilado y no trabaja con menores. Tampoco se ha demostrado que haya intentado comunicarse con las posibles víctimas para influir en ellas o que haya intentado destruir pruebas, y la Fiscalía no ha pedido la prisión preventiva.
La pesquisa judicial por delitos cometidos contra menores en el CAM de Ateca se inició a raíz de las denuncias de dos menores residentes en el centro, de 16 y 17 años. Hasta el momento, 19 menores han presentado denuncias por estos hechos, las cuales están siendo investigadas por la Guardia Civil y el juzgado.
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