En una reciente declaración que ha resonado en el ámbito agrario español, Izquierda Unida ha manifestado su firme convicción de que la agricultura en España debe transitar hacia un modelo productivo que enfatice la dimensión social y familiar, garantizando así su sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Este pronunciamiento se realizó en el contexto del encuentro nacional 'Debate sobre modelo agroalimentario', organizado por el Colectivo Malas Yerbas en Zaragoza, donde solicitaron al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, la aplicación rigurosa de la legislación vigente en la comunidad autónoma.

Durante las jornadas, diversas figuras de Izquierda Unida expresaron su postura, incluyendo a la secretaria de organización del partido, Eva García Sempere, y el coordinador en Andalucía, Toni Valero, quien también ocupa un escaño como diputado por Sumar. Valero hizo hincapié en la necesidad de adoptar este modelo social y familiar en la agricultura, como respuesta a desafíos apremiantes como la “uberización” del campo, que favorece a fondos de inversión y sus instalaciones fotovoltaicas. Asimismo, destacó la urgente necesidad de reforzar la ley de cadena alimentaria para aumentar la rentabilidad de las producciones, además de señalar la peligrosidad del tratado con Mercosur, al que instó a abandonar.

El debate entre los intervinientes subrayó la imperiosa necesidad de establecer un modelo que garantice el arraigo de las comunidades en su territorio y proteja la integridad del medioambiente. Valero reiteró la importancia de “escuchar al campo” como elemento esencial en la configuración de “un nuevo país”, al tiempo que criticó el modelo agroindustrial que acapara las ganancias, instando a priorizar un enfoque que fortalezca la conexión de la población con su entorno y resguarde el medioambiente.

En su argumentación, Valero también abordó los desafíos reales que enfrenta el sector agrario, resaltando la problemática de la “uberización”, donde grandes fondos de inversión concentran tierras fértiles con el fin de establecer parques fotovoltaicos. Criticó la considerable dificultad que muchas explotaciones agrícolas encuentran para ser rentables, demandando un fortalecimiento de la ley de cadena alimentaria, utilizando herramientas que aseguren el control, la inspección y un observatorio de precios que desempeñe un papel clave en este contexto.

Asimismo, Valero no dudó en calificar de tercer gran amenaza el impacto adverso de los tratados de libre comercio, sugiriendo que España debería retirarse de las negociaciones del Tratado de Mercosur, al considerarlo perjudicial para el sector agrario nacional, los productores, el medioambiente, y las comunidades campesinas en América del Sur.

Por su parte, la secretaria de organización de IU, Eva García Sempere, vinculó la democracia con la dignidad tanto de los productores como de los consumidores. Sempere afirmó que “un país no puede ser democrático si quienes producen no están en condiciones que les otorguen una vida digna, al igual que los consumidores no pueden carecer de acceso a alimentos saludables, cercanos, de calidad y adecuados”.

Para lograr este doble objetivo, García Sempere propuso un modelo de agricultura basado en la sostenibilidad y en la estructura familiar y social que responda al contexto actual de “crisis climática”. Advirtió que estamos operando en un marco de límites planetarios sobrepasados, lo que implica desafíos significativos relacionados con el acceso al agua y a tierras adecuadamente productivas. Por ello, enfatizó que los elementos climáticos deben ocupar un lugar central en las discusiones agrarias.

Por último, Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida Aragón, resaltó la vital importancia de defender el modelo social y familiar en la agricultura, el cual sostiene que es cuestionado por la derecha. Sanz convocó públicamente al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, a clarificar el futuro de la Ley de Agricultura Social y Familiar, exigiendo políticas que aseguren la viabilidad de las comunidades rurales y contra la alarmante despoblación y falta de agricultores.

“En Aragón, contamos con un marco legislativo que ampara este modelo social y familiar, el cual ha sido cuestionado por sectores de la derecha y ultraderecha. Es imperativo que el señor Rincón aclare de manera definitiva cuál será el destino de la Ley de Agricultura Social y Familiar”, concluyó Sanz en su intervención.