En Zaragoza, el 17 de diciembre, se ha encendido la alarma en el sector educativo tras el incendio que afectó las instalaciones de la escuela Caneto el pasado viernes, 13 de diciembre. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha tomado la iniciativa de informar al juez sobre este incidente, señalando que ha dejado inservible una de las tres aulas de la institución. Además, ha solicitado que se impongan las condiciones de seguridad pertinentes para garantizar un entorno seguro para alumnos, docentes y el personal administrativo.

La consejera Tomasa Hernández y el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, han compartido los detalles del escrito presentado ante el tribunal. En él, el Gobierno autonómico exige a la corte que revise las contracautelas establecidas, las cuales fueron implementadas para salvaguardar la seguridad de todos los presentes en la escuela. Asimismo, se pide que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para cumplir con lo estipulado en el Código Técnico de la Edificación, especificando claramente qué acciones deben tomarse y quién es responsable de ellas.

La administración educativa ha recordado que las instalaciones de la escuela se encuentran operativas gracias a medidas cautelares que fueron confirmadas en abril. Estas medidas, entre otras, incluyeron la legalización del sistema de calefacción en un plazo de dos meses, así como la acreditación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales durante el periodo sin clases de verano.

El escrito dirigido a la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) es claro al señalar que no se ha llevado a cabo ni la legalización del sistema de calefacción ni se ha presentado un informe que respalde la resistencia al fuego de las estructuras, teniendo como fecha límite la finalización del verano de 2024.

Según el Departamento, a la luz del incendio y basándose en un informe del Servicio de Prevención, Extinción y Salvamento de la Diputación Provincial de Huesca, se ha determinado que el sistema de prevención de incendios actual es inadecuado y no cumple con las exigencias mínimas del Código Técnico de la Edificación.

Entre las deficiencias mencionadas, el informe destaca que no se activó ninguna alarma durante el incendio, que las instalaciones carecen de equipos adecuados para detectar y controlar fuegos, y que se desconoce si el aula afectada contaba con los medios necesarios para evacuar a los ocupantes en caso de emergencia.

El Departamento de Educación ha subrayado que su principal objetivo es y seguirá siendo garantizar la seguridad de los estudiantes, una obligación primordial en cualquier entidad administrativa dedicada a la educación. El documento también aclara que las decisiones tomadas por administraciones anteriores, que asumieron riesgos en base a normas de seguridad inadecuadas, no pueden implicar ni obligar a los actuales responsables, quienes están decididos a cumplir con los requerimientos legales pertinentes.

El proceso para establecer un nuevo centro educativo ha comenzado de oficio por parte del Departamento desde julio, y se espera que este trámite tome varios meses más, debido a las condiciones necesarias para la transferencia de terrenos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al municipio. Por lo tanto, se solicita al juez que tome decisiones que permitan mantener las condiciones de servicio en Caneto tal y como estaban antes del 7 de noviembre de 2023, dado que consideran que el incendio ha alterado estas condiciones.

En este contexto, la administración ha comunicado que el aula dañada no puede ser utilizada para actividades educativas y que las otras dos aulas, aunque no sufrieron daños directos, emplean el mismo sistema de calefacción. Esto podría significar que los riesgos que se materializaron en el aula afectada son igualmente aplicables a las restantes instalaciones.

Por el momento, la única alternativa que se encuentra contemplada en la medida cautelar vigente es aglutinar a los alumnos en las dos aulas restantes, las cuales son notablemente más pequeñas y cuentan con las mismas deficiencias en materia de seguridad según el Código Técnico de la Edificación.

Por ello, el tribunal es instado a exigir de manera urgente el estricto cumplimiento de la contracautela, lo que permitiría alcanzar el objetivo primordial: la seguridad de todos los involucrados en la comunidad escolar, concluyendo así un tema que requiere atención inmediata.