El grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón ha decidido reactivar este martes la propuesta de ley destinada a entidades privadas que prestan servicios sociales, argumentando la falta de acción y la gestión desorganizada que ha caracterizado al Gobierno autonómico encabezado por Jorge Azcón. Esta iniciativa fue registrada esta mañana y se enmarca en un contexto donde se demanda una mayor atención a la calidad del servicio en el ámbito social.

La relevancia de esta normativa radica en su enfoque en la calidad, la cual se considera un elemento esencial en la actuación social. Este enfoque es especialmente necesario en un sistema de protección social que tiene la responsabilidad de atender las demandas de todos los ciudadanos a lo largo de diversas etapas de sus vidas.

Como explicó en una rueda de prensa la portavoz socialista de Bienestar Social y Familia, Pilimar Zamora, el proyecto de ley fue inicialmente presentado por el anterior Gobierno de Javier Lambán en 2018, pero no prosperó durante esa legislatura, a pesar de que se encontraba en una fase avanzada de tramitación. Es importante señalar que la creación de esta iniciativa estaba contemplada en la legislación autonómica desde 2009.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia llevó a la creación de una Comisión de estudio sobre la reestructuración de los centros asistenciales para mayores de Aragón, la cual destacó la urgencia de aprobar dicha ley. En consecuencia, el Gobierno anterior reabrió un proceso de participación en 2021, lo que resultó en la presentación del proyecto de ley en enero de 2023.

Sin embargo, este proyecto no llegó a ser tramitado, y a pesar de la unanimidad entre todos los grupos parlamentarios respecto a la necesidad urgente de su aprobación, el Gobierno de Azcón optó por no continuar su tramitación. Pilimar Zamora criticó esta decisión, subrayando que no se incluyó en el Plan normativo del ejecutivo actual.

La diputada del PSOE ha manifestado que la falta de una estrategia clara y un plan por parte del Departamento de Bienestar Social ha entregado el manejo del sistema social a la improvisación. Además, ha hecho referencia a acontecimientos recientes, como el cierre del centro de menores en Ateca o el desafortunado incidente en la residencia de Villafranca de Ebro, que subrayan la imperiosa necesidad de revisar tanto las condiciones de los centros de servicios sociales como las laborales de sus trabajadores.

Según la diputada, esta proposición de ley responde a la estructura del sistema de servicios sociales que combina tanto la iniciativa pública como la privada. La ley actualizaría los requisitos de autorización para la prestación de servicios y regularía la acreditación de las entidades privadas, requisito indispensable para su participación en la oferta de prestaciones públicas.

Desde su perspectiva, la futura norma serviría como el marco esencial para el desarrollo normativo que respete la dignidad y los derechos de las personas, lo que incluye la revisión del Decreto 111 de 1992, el cual, según consenso entre todos los grupos parlamentarios, necesita una renovación inmediata.

La parlamentaria también ha afirmado que este nuevo marco debe centrarse en la persona y ser más personalizado, priorizando la calidad del servicio y los derechos de ciudadanos en diversos grupos vulnerables, como personas mayores, con discapacidad, menores y aquellos en situación de exclusión social que dependen de los servicios sociales.

“Es urgente que aceleremos este proceso y que orientemos al Departamento hacia un futuro más claro y definido”, defendió Pilimar Zamora, quien está impulsando esta ley con la esperanza de que, durante su tramitación en las Cortes, se logre mejorar el texto mediante la participación de los diferentes grupos parlamentarios, que ya han mostrado consenso en su necesidad.

“Lo que hemos observado es una gran improvisación y un esfuerzo por desacreditar la gestión anterior, pero poco compromiso para avanzar en la mejora de la atención a los más vulnerables”, expresó la portavoz socialista de Bienestar Social, recordando que la urgencia de una nueva regulación en el ámbito de los Servicios Sociales, y especialmente en el sector de cuidados, era claramente entendida incluso por el PP durante su etapa en la oposición. A pesar del trabajo realizado, en los últimos 16 meses no ha habido ninguna acción concreta en esta dirección, más allá de promesas de revisión.

Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta iniciativa cobra mayor relevancia. Pilimar Zamora concluyó enfatizando que esta propuesta representa un paso fundamental hacia el desarrollo normativo necesario para abordar las necesidades de este colectivo y garantizarles una vida independiente y equitativa en comparación con el resto de la sociedad. “Este es solo el comienzo”, subrayó.