TERUEL, 22 Jul.
El Partido Popular (PP) ha manifestado que el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2022 se ha firmado "tarde" --la rúbrica tuvo sitio este viernes-- y que el Gobierno de Aragón "demora de forma voluntaria" la app esos fondos.
El PP ha expuesto que mucho más de siete meses tras el comienzo del 2022, los gobiernos de España y Aragón han suscrito finalmente el convenio, acto que tuvo sitio en la ciudad más importante turolense y fué protagonizado por la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, y del secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González.
El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, que se ha alegrado de la novedad, ha lamentado que la firma del convenio se haya producido "tarde", mucho más "habiendo aprobado en tiempo y forma" los capitales de las dos gestiones, crítica a la que ha unido asimismo el avance posterior que efectúa del propio FITE el Gobierno de Aragón, que, a su juicio, "demora de forma voluntaria" la app de esos fondos.
Estas expresiones las pronounció este viernes en la sede del Partido Popular de Teruel y acompañado del senador, Manuel Blasco. Juste ha estimado que la tardanza en utilizar el FITE se ajusta a una "estrategia" del Ejecutivo autonómico al tener un remanente negativo "muy fuerte".
"Les viene realmente bien realizar esas cuantías para abonar otras cuestiones, no para invertirlos en la provincia, pues emplean el método de caja única", explicó.
Juste volvió a precisar la situación donde está hoy en día el FITE en sus ediciones pasadas. En esta época, los municipios están corriendo las subvenciones de 2019 para infraestructuras municipales, para lo que ciertos consistorios tuvieron que soliciar una prórroga. Con con en comparación con 2020, se termina de adjudicar las cuantías para las entidades locales y la edición de 2021 no se ha convocado.
Por eso, ha augurado que en el 2022 "no se invertirá ni un céntimo de esos 60 millones de euros" y los municipios "deberán aguardar bastante tiempo a la convocatoria, después enseñar los proyectos y que el Gobierno de Aragón los estudie y resuelva" lo que puede ocasionar ocasiones parejas a lo ocurrido con el FITE de 2018, en el que 46 municipios debieron devolver esenciales proporciones.
"En el final, los que deberían tener el mayor período pues son los que deben acometer las actuaciones son los que tienen el menor", especificó, situación a la que hay que sumar la inestabilidad a nivel económico donde está España, con una inflación destacable y con un alza en el valor de los materiales que está ocasionando muchas proyectos vean aumentado su coste de forma muy importante.
"En una coyuntura como la que vivimos, los costes no se semejan en nada a los de hace 4 años y las compañías se niegan a efectuar las proyectos por esos importes, a eso que hay que añadir que los pequeños ayuntamientos no tienen aptitud económica de suplementar esos capitales", ha recalcado el dirigente del PP en Teruel.
Esta información indicó que, así como anunció el Gobierno de Aragón hace pocas datas, entre las primordiales noticias para la edición de 2022 es que el Ejecutivo autonómico va a poder aprobar los proyectos sin precisar tener que subir esas cuestiones a la Comisión de Seguimiento con lo que se estima ganar en celeridad para un avance que se ha caracterizado "por su enorme lentitud".
Juste ha confiado en que se genere una optimización, si bien ha subrayado que anteriormente "se tenía presente el método del Gobierno autonómico", cuestión donde se mostró a favor por el hecho de que "es el que está mucho más cerca, conoce mejor el territorio y la verdad, y asimismo cuáles son las elecciones en inversiones que se tienen la posibilidad de poner en desempeño". "El peso del Ejecutivo aragonés era considerablemente mayor en el momento de elegir los proyectos", ha añadido.
En ese sentido se ha manifestado el senador turolense, Manuel Blasco, que anunció que demandará "agilidad" en el momento de administrar el FITE y volvió a incidir en la manera de seguir anteriormente, en el que el Gobierno de España, "se limitaba a que el gasto de los 30 millones cumple con el convenio y con la legalidad".
