En Zaragoza, el 21 de noviembre, se ha anunciado una medida significativa por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA), que asumirá la responsabilidad financiera para la construcción de depuradoras en aquellos municipios de menos de mil habitantes. Esta iniciativa busca aliviar a los pequeños ayuntamientos de una carga económica que, para muchos de ellos, resulta inasumible, dada su limitada capacidad presupuestaria.

El director gerente del IAA, Luis Estaún, expuso esta decisión durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de las Cortes de Aragón, en respuesta a una solicitud del grupo socialista. En este sentido, Estaún también presentó un informe sobre el estado actual de la depuración en la comunidad autónoma, destacando que actualmente el 91,4 por ciento de la carga contaminante en Aragón recibe un tratamiento adecuado. En términos de población, el 93,9 por ciento de los aragoneses cuenta ya con un sistema de depuración eficaz.

Las nuevas obras de depuración se encuentran aún en fase de planificación, y su ejecución comenzaría en 2025, centrándose en las localidades más pequeñas, según aclaró Estaún. La medida responde a los constantes desafíos económicos que enfrentan los ayuntamientos, que han experimentado dificultades para financiar y gestionar proyectos de depuración. Desde 2019, se han llevado a cabo cinco convocatorias de subvenciones dotadas con 25 millones de euros para un total de 81 proyectos, pero muchos de ellos siguen sin ejecutarse.

El director del IAA ha enfatizado que el propósito final de estas medidas es garantizar la depuración en el Pirineo, aunque aún queda un largo camino por recorrer, ya que hay varias localidades en la provincia de Huesca y Zaragoza que requieren atención. Esta reestructuración en el manejo de recursos y responsabilidades también busca cumplir con una proposición no de ley aprobada por las Cortes de Aragón, la cual plantea soluciones prácticas para apoyar a los pequeños municipios afectados por esta cuestión crítica de infraestructura.

Para el periodo 2022-2027, se estima que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración requerirá una inversión global de 104 millones de euros, de los cuales 78,6 millones se destinarán a la depuración en municipios de más de mil habitantes. Por su parte, 25 millones estarán reservados para los municipios menores, cuya gestión recaerá directamente en el IAA a partir de 2025. Aunque las localidades más pequeñas representan solo el 6,5 por ciento de la carga contaminante en Aragón, la variedad de su geografía presenta un reto significativo en términos de ejecución.

Se planea que estas inversiones no solo aborden la depuración en núcleos de hasta 30 habitantes equivalentes en la región pirenaica, sino también en el resto de Aragón, donde se prevé alcanzar capacidades de depuración para núcleos de hasta 400 habitantes equivalentes. Esto se encuentra muy por delante de las expectativas establecidas por la nueva Directiva de Depuración de Aguas Residuales de la Comisión Europea, la cual estipula que se debe proveer tratamiento adecuado a los núcleos de hasta mil habitantes antes de 2035. Aragón, con estos planes, se posiciona para cumplir con esas normativas en 2027.

En relación a las acciones recientes, Estaún informó sobre la ejecución de cuatro nuevas depuradoras en las localidades de Aso, Sallent de Gállego, Benasque y Torla, subrayando la iniciativa en Sallent como un ejemplo claro del esfuerzo comunitario y su repercusión en los ciclos hídricos de Aragón. Asimismo, señaló que hay seis nuevas depuradoras, como la de Panticosa, que proveerán servicio a cinco núcleos diferentes.

El balance presentado por Estaún ha sido considerado positivo, aunque admitió la necesidad de mejorar y visibilizar las inquietudes y dificultades que enfrentan los pequeños municipios en la realización de estas obras. Desde el lado del PSOE, Leticia Soria remarcó las decisiones cruciales tomadas en la legislatura anterior que facilitaron avances en la depuración, incluyendo la reestructuración de antiguos contratos que mantenían en parálisis el desarrollo de infraestructuras necesarias.

Soria resaltó que, gracias a esta transformación en el modelo de gestión, localidades como Aínsa, Boltaña o Villanúa han iniciado sus trabajos para contar con sistemas de depuración apropiados, subrayando la gestión adecuada de aguas residuales como una prioridad ineludible para Aragón. Mientras tanto, la portavoz del Partido Popular, Susana Cobos, reconoció la eficacia del IAA en resolver problemas específicos de los aragoneses en circunstancias excepcionales, tales como la sequía o el DANA.

Cobos abogó por una revisión del modelo de depuración actual, apuntando a la limitada capacidad de los municipios aragoneses para gestionar estas demandas. Carmen Rouco, de VOX, pidió aclaraciones sobre los motivos detrás del cambio a una gestión directa y sobre la planificación para las futuras estaciones de depuración, expresando su preocupación por la aptitud administrativa de los pequeños ayuntamientos para ejecutar las subvenciones que les corresponden.

Por último, el diputado de CHA, José Luis Soro, subrayó la necesidad de que la depuración sea adecuada, recordando que no siempre se ha logrado y que hay problemas persistentes en el Pirineo. Este fue uno de los motivos para implementar cambios en el gobierno anterior que respondieran a la realidad y adoptaran tecnologías apropiadas para el contexto. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, también intervino, indicando que una serie de municipios en varias regiones han enfrentado serios problemas de suministro de agua, especialmente tras las tormentas recientes, planteando la urgente necesidad de abordar estas situaciones.