• viernes 27 de enero del 2023
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El Gobierno de Aragón ejercitará acciones contra el Ayuntamiento de Zaragoza por no reportar sobre múltiples expedientes

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ZARAGOZA, 25 Ene.

El Consejo de Gobierno dió autorización este miércoles a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Ejecutivo aragonés a que ejercite las acciones primordiales a fin de que el Ayuntamiento de Zaragoza cumpla con su deber de remisión de información al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, específicamente a la Dirección
General de Administración Local, en relación a ocho expedientes que tienen dentro contratos de servicios, proyectos, recursos y una subvención.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha amado dejar claro "que esto no tiene relación ni con luchas partidistas, ni con procesos, ni con rifirrafes de ningún género. Se trata de un paso ineludible que debe llevar a cabo el Ejecutivo autonómico para cumplir y realizar cumplir la ley vigente".

"El fluído de necesidades a las entidades locales a fin de que remitan aclaraciones sobre contratos y subvenciones es incesante y frecuente y en todos y cada uno de los casos se acaba con mandar esta información", explicó Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Nos semeja asombroso, es un hecho insólito y también inédito que solo el Ayuntamiento de Zaragoza, en un caso así, por fundamentos que no conocemos, decidió abstenerse de llevarlo a cabo, no hay otro municipio que no remita la información".

Por ello, "en defensa siempre y en todo momento de los aragoneses el Ejecutivo se ve obligado a proponer las acciones que le dejen realizar su tarea, como es la autorización de los servicios jurídicos para realizar cumplir al Ayuntamiento de Zaragoza con sus obligaciones", ha apostillado.

Son ocho los expedientes que debería haber remitido el Consistorio zaragocí a la Dirección General de Administración Local y "no lo hizo". Los requerimientos "ni cuestionan, ni prejuzgan de manera alguna la corrección o incorrección, sencillamente intenta que cumpla su deber de remitir la información", ha señalado la consejera.

La Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón exhibe la rivalidad para la tutela económico-financiera de las entidades locales y está en la obligación de supervisar la actuación de las entidades en este sentido. Las necesidades de remisión de información desde Administración Local son comunes, de la misma su cumplimiento.

La primera de estas autorizaciones aparece de la publicación el 14 de julio de 2022 del informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la contratación del Consistorio zaragocí en el ejercicio 2020. En ese archivo, la Dirección General de Administración Local tuvo novedad de actuaciones del Consistorio zaragocí que se remontaban en ciertos casos a agosto de 2017.

En preciso, 4 resoluciones con 'órdenes de continuidad', por las que se prorrogaba la duración de contratos cuyo período de ejecución había finalizado, y de las que la Dirección General no tenía perseverancia, según informó el Gobierno de Aragón. Se trata del contrato de 'Control y calidad de los servicios de cuidado, limpieza, eficacia energética y ocupaciones de conservación de los equipamientos municipales'; el contrato de 'Servicios de aceleración tecnológica del CIEM Zaragoza'; el contrato de 'Conservación y cuidado de parques y zonas verdes (ámbito I)', y el contrato de 'Conservación y cuidado de parques y zonas verdes (ámbito II).

Administración Local solicitó en el mes de septiembre al Ayuntamiento de Zaragoza que remitiera una imitación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía o por sus órganos encargados. Ante la carencia de contestación, se recordó al Ayuntamiento su deber de remitir esta información. A esta fecha, el Consistorio aún no ha remitido la información a la que está obligado por la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Administración Local de Aragón.

Mientras, otra autorización se refiere a los tres expedientes diferentes, de los que la Dirección General de Administración Local asimismo fue consciente al publicarse el informe de fiscalización sobre los contratos del Ayuntamiento en 2020.

El primero perjudica a las proyectos de optimización de conservación en los institutos públicos a través de declaración de urgencia por un precio de 1.062.779 euros, adoptado el 12 de julio de 2019. El segundo, a la contratación de urgencia el suministro de fundas para chalecos multiagresión para la Policía Local por un precio de 135.280 euros. Y, el tercero, a una subvención para la instalación de toldos en la Galería Comercial Delicias de la ciudad más importante aragonesa. En septiembre y en el mes de noviembre se requirió la documentación al Consistorio, sin que se consiguiera contestación.

La tercera y última autorización a los Servicios Jurídicos tiene relación a una licencia de demolición de quioscos y anejos en el recorrido de San Sebastián de Zaragoza, situado en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

La Dirección General de Administración Local requirió el mes pasado de octubre al Ayuntamiento a fin de que remitiera una copia certificada del expediente gestionado, de manera que se pudiese revisar la eficiencia de la app de la legislación autonómica en temas de urbanismo. Un requerimiento en el que se insistió en el mes de noviembre y que a fecha de el día de hoy prosigue sin estar cumplido, lo que llevó al Consejo de Gobierno a autorizar que la Dirección General de Servicios Jurídicos emprenda las acciones exactas para conseguir que el Ayuntamiento cumpla con su deber.

El producto 145 de la Ley de Administración Local de Aragón, que se titula 'Obligación de remisión de información', ordena a las entidades locales a "remitir al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en la manera y los plazos ciertos reglamentariamente, una copia así o, en su caso, un extracto conveniente y bastante de sus actos y pactos".

En su producto segundo, señala que la DGA "va a poder pedir a los entes locales ampliación de la información que va a deber remitirse en el período máximo de veinte días hábiles".

El producto tercero establece que la "Administración de la Comunidad Autónoma va a poder, además de esto, conseguir en el ámbito de sus competencias y conseguir información específica sobre la actividad de las entidades locales, a fin de revisar la eficiencia de la app de la legislación autonómica, logrando pedir aun la emisión de reportes, la exhibición de expedientes y la remisión de copias certificadas de exactamente los mismos".

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