El Gobierno de Aragón destina más fondos a las exhumaciones, aumentando un 10% el presupuesto.

El próximo 11 de abril se celebrará una reunión entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones memorialistas para abordar el desarrollo del plan de exhumaciones, que contempla el rescate de todas las víctimas de la violencia ideológica desde la época de la República hasta la dictadura. Este plan cuenta con un presupuesto de 110.000 euros, lo cual representa un aumento del 10%, según informó la vicepresidenta segunda portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

La intención es proporcionar una sepultura digna a cualquier aragonés que tenga un familiar en una fosa o una cuneta, recuperar, identificar y dar un destino adecuado a las víctimas, en colaboración con las asociaciones memorialistas. Los trabajos serán coordinados desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, respetando el mapa de exhumaciones previo a la Ley de Memoria Democrática y parte del patrimonio histórico cultural del Gobierno de Aragón.

Este plan servirá como guía y se podrá mejorar en colaboración con las asociaciones. La reunión del 11 de abril tendrá un carácter más técnico y el presupuesto será gestionado directamente por el Gobierno autonómico, tal como se ha hecho en los últimos dos años.

En medio de un enfrentamiento con el Gobierno central por la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la portavoz del Ejecutivo regional, Mar Vaquero, ha criticado la intención del Gobierno de España de recurrir a instancias internacionales para entorpecer el proceso. Además, ha señalado la utilización política de la visita de Pedro Sánchez a los trabajos de identificación en el valle de Cuelgamuros.

Vaquero ha destacado la importancia de respetar la memoria histórica y ha instado al Gobierno central a cumplir con su propia ley de memoria histórica, así como a crear un registro de datos para facilitar las exhumaciones. En cuanto al plan de concordia, se espera que esté listo antes del verano y se basará en el espíritu de la Transición para superar la confrontación y el lenguaje de bandos.

En resumen, el Gobierno de Aragón se compromete a seguir trabajando en la recuperación de la memoria histórica en colaboración con las asociaciones memorialistas y en defensa de los derechos de los aragoneses.