• lunes 03 de octubre del 2022
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El gasto COVID en Aragón en 2020-21 fue de 506 millones de euros y los capital cayeron en 84 millones, según un informe

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Los fondos auxiliares del Estado sumaron 963 millones de euros que produjo un excedente de 373 millones

ZARAGOZA, 22 Sep.

El gasto por la COVID-19 en Aragón los ejercicios 2020 y 2021 ha ascendido a 506 millones de euros; la mengua de capital, eminentemente por el descenso de recaudación debido al parón de la actividad por el confinamiento y las limitaciones a la movilidad, fué de 84 millones; y los fondos auxiliares procedentes del Estado sumaron 963 millones, lo que crea un excedente de elementos de 373 millones de euros.

Estos datos los dió a entender la Cámara de Cuentas de Aragón que hizo público el informe que se titula "Encontronazo de la crisis del COVID-19 en los capitales de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2020 y 2021", efectuado a idea de la institución y de las Cortes de Aragón.

El informe mira los costos de la Comunidad Autónoma para realizar en oposición al COVID-19, la caída de los capital por las secuelas derivadas de la pandemia y los fondos auxiliares que recibió del Estado para atender las pretensiones sobrevenidas.

Asimismo, los auditores han analizado la contratación de los recursos y servicios precisos para llevar a cabo en frente de esa situación excepcional, tal como las subvenciones que la administración autonómica concedió con el objetivo compensar a la gente y a los ámbitos económicos mucho más damnificados por la pandemia.

El análisis de los costos influye en los departamentos y organismos mucho más impactados por la pandemia. Así, el SALUD gastó 143 millones en todos y cada ejercicio analizado, el departamento de Educación, 9 y 27 millones, respectivamente, y el IASS, 13 millones en 2020 y 3 en 2021. La suma del gasto del resto de departamentos y entidades es de 47 millones en 2020 y 121 en 2021, en la mayoría de los casos, en subvenciones.

A pesar de que la Comunidad Autónoma creó un código en su contabilidad para distinguir el gasto COVID del resto de gasto y lograr realizar su rastreo, la carencia de empleo, salvo por la parte del IASS que sí lo empleó, ha complicado a los auditores su identificación, lo que se ha considerado una restricción al alcance del trabajo de fiscalización de la Cámara.

Los elementos se destinaron, primordialmente, a abonar el incremento de personal sociosanitario y educativo preciso para atender a la gente perjudicadas por la pandemia; a comprar los recursos, servicios y equipamientos precisos para combatir la urgencia y al acompañamiento, a través de subvenciones, a la gente y colectivos que, en mayor medida, padecieron sus secuelas sociales y económicas.

En preciso, el gasto en personal fue 168 millones de euros en la suma de los 2 ejercicios: 140 millones con cargo al SALUD para remarcar el plantel sanitario desde la declaración de la pandemia; 22,5 millones que corresponden al departamento de Educación, en su mayor parte para contratación de enseñantes, desde septiembre de
2020, y 1,7 millones el IASS, prácticamente la integridad, encausados al ejercicio 2020, en el momento en que las viviendas de mayores vivieron las ocasiones mucho más tráficas.

El gasto para comprar recursos, prestar servicios y tener equipamientos que demandó la administración de la pandemia ascendió a 180 millones de euros --105 millones en 2020 y 75, en 2021--. Bajo este paraguas, se tienen dentro la atención hospitalaria a los pacientes COVID,
los equipos de protección individual, reactivos, pruebas de laboratorio, respiradores, fármacos para tratar la patología, la reserva de plazas en viviendas, apps informáticas, los centros de salud de campaña, el servicio de transporte de muestras y personas, por ejemplo.

Una una parte de este gasto se imputó a contratos que estaban en marcha de antemano a la declaración de la pandemia y del estado de alarma; para el resto, se adjudicaron nuevos contratos, el 94%, por el trámite de urgencia.

La Cámara de Cuentas ha analizado, particularmente, la contratación del año 2020, en el que se adjudican 749 contratos por 48 millones de euros, de los que 428 se adjudican por trámite de urgencia, por 45,3 millones de euros. Más de media parta de los contratos de urgencia "COVID" se adjudicaron por el SALUD --327 contratos por importe de 35 millones de euros--, seguido del IASS --62 contratos por importe de 5,7 millones de euros--.

Los auditores asimismo han analizado otros contratos de urgencia que no guardan relación con el COVID, por 14 millones de euros.

A pesar de la "masiva" contratación de urgencia en 2020, el gasto gestionado por este trámite solo representa el 4,7% del gasto ejecutado para compras de recursos, servicios y también inversiones --episodios 2 y 6 del presupuesto de 2020--.

El estudio apunta que la red social autónoma empleó con carácter general la tramitación de urgencia de forma "adecuada" para contratar con la mayor inmediatez viable los recursos y servicios precisos para llevar a cabo en oposición al COVID-19, si bien la auditoría asegura, por una parte, los peligros de este trámite y, por otro, ciertos "incumplimientos" de la normativa que regula este modo de contratación inusual.

El gasto designado a subvenciones fue de 44 millones de euros en 2020 y 111 en 2021. En el primero de estos un par de años, la administración autonómica administró 30 líneas de actuación y concedió ayudas a 23.878 adjudicatarios; en el segundo, fueron 11 líneas COVID y 21.496 adjudicatarios.

En términos en general, el ahínco de la Comunidad Autónoma se destinó a respaldar el turismo y la hostelería, el transporte de pasajeros, la solvencia y competitividad empresarial, la prestación de servicios sociales y la contratación de usados para las viviendas de personas mayores, entre otros muchos.

Algunas conclusiones de una exhibe de expedientes apuntan que la tramitación de estas ayudas por la parte de la Comunidad Autónoma produjo una "colosal" carga de trabajo agregada a la actividad frecuente, que se administró con exactamente los mismos elementos y sin tener los datos escenciales para una correcta distribución de las ayudas.

Algunas ayudas no se diseñaron adecuadamente y no tuvieron el encontronazo aguardado, como las del alquiler de vivienda o subvenciones a préstamos de cooperativas agrarias, en 2020. En 2021, ninguna de las líneas revisadas agotó el crédito libre y todas y cada una tuvieron una ejecución inferior a la sosprechada, de entre el 46% y el 80%.

Especialmente baja fue la ejecución de la línea COVID de acompañamiento a la solvencia empresarial, desarrollada por el Estado, donde se concedieron 65 millones de un total de 141 recibidos del Estado.

La auditoría asimismo prueba que ciertas compañías adjudicatarias han recibido ayudas de múltiples líneas de subvención con las que consiguieron un mejor resultado económico que en el ejercicio antes de la pandemia.

El informe concluye con siete sugerencias a los administradores públicos. Entre ellas, impulsar la adquisición con una central interdepartamental para prosperar la efectividad, eficacia y economía de
los elementos públicos aplicados a la contratación pública y explotar las economías de escala en la adquisición de abastecimientos de empleo común; utilizar el sistema contable de rastreo del gasto para asegurar su trazabilidad; unificar la información de los registros de contratos para asegurar que sea completa y homogénea.

También vaticinar normas internas para la tramitación de los contratos de urgencia que asista a los administradores a atenuar peligros determinados en este informe y también establecer un conveniente control de la información que debe suministrarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, tanto de las convocatorias, como de las resoluciones de concesión a los adjudicatarios, para asegurar la transparencia y un control eficiente de la concurrencia de ayudas sobre un mismo objeto.

El informe ahora fué remitido al Gobierno de Aragón y a las Cortes para su análisis, informó la Cámara de Cuentas.

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