ZARAGOZA, 30 Ene.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para gravar el impacto medioambiental de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, así como modificar el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El proyecto de ley, cuyo trámite se inició en la legislatura pasada, cumple con los plazos anunciados por el Gobierno de Aragón y entrará en vigor en el primer semestre de 2024.

La finalidad de estos impuestos es proteger, conservar y mejorar el medio ambiente teniendo en cuenta los impactos que generan las instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

El proyecto de ley, después de ser aprobado, será sometido a trámite parlamentario y contempla bonificaciones y exenciones del 99% para aquellos proyectos que generen riqueza y impulso económico, como el proyecto del Nudo Mudéjar en la provincia de Teruel.

Asimismo, se otorgarán exenciones a desarrollos empresariales que fomenten la fijación de población en el territorio aragonés, la creación de empleo y beneficien a los municipios donde se instalen. Además, un porcentaje de los ingresos se destinará a medidas contra la despoblación.

Además, se creará un fondo medioambiental para reinvertir el 50% de los ingresos en el territorio. En el caso de las instalaciones eólicas, se gravará una parte variable según la altura del aerogenerador y una parte fija basada en la potencia de la instalación. En cuanto a la fotovoltaica, el gravamen se aplicará según la superficie de la instalación.

Con la aprobación de esta ley, Aragón se une a las comunidades de Galicia, Castilla-León, Cantabria y Castilla-La Mancha, donde también existen impuestos a las renovables.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que este impuesto grava el impacto ambiental de los parques fotovoltaicos, los molinos de viento y las líneas de alta tensión, y ha enfatizado que el gravamen está bonificado al 100% en el primer año de actividad y al 50% en el segundo año.

Ha destacado que el impacto ambiental de estas instalaciones es significativo en el territorio y ha argumentado que el costo del gravamen es mínimo para las grandes empresas que las operan.

En el caso de las instalaciones eólicas, la base imponible se calcula en función de la altura del molino hasta su coronación y la suma de la potencia de cada molino, con el objetivo de promover molinos más altos que sean menos perjudiciales para las aves. En el caso de las huertas solares, los parques más pequeños pagarán significativamente menos que los grandes. Además, todos los proyectos empresariales que generen empleo y riqueza a través de los Planes de Interés General (PIGA), como el caso del Nudo Mudéjar de Andorra (Teruel) o las instalaciones energéticas de Microsoft, recibirán una bonificación del 95% de la cuota.