El Gobierno de Aragón ha aprobado la participación minoritaria de la Comunidad Autónoma en la constitución de la sociedad La Nueva Romareda, encargada de construir el nuevo estadio de fútbol de Zaragoza. Además, ha autorizado el gasto plurianual de las aportaciones comprometidas por dicha participación a la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).

La construcción del nuevo estadio de fútbol es un proyecto que también involucra al Ayuntamiento de Zaragoza y al Real Zaragoza. El objetivo es tener un espacio polivalente con capacidad para albergar diversos eventos deportivos, musicales, sociales y religiosos, y convertirse en un símbolo de identificación colectiva y atractivo turístico, económico y cultural para toda la Comunidad de Aragón.

Además, se espera que el nuevo estadio de fútbol de La Romareda contribuya a la candidatura de Zaragoza como sede del Campeonato Mundial de Fútbol 2030, que ha sido otorgada a España. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la participación de la Comunidad de Aragón en la constitución de la sociedad de acuerdo con lo acordado previamente con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para impulsar dicha candidatura.

El siguiente paso será la constitución de la sociedad La Nueva Romareda, antes de fin de año, con el fin de financiar las obras de construcción del estadio. El Gobierno de Aragón no participará directamente en esta sociedad, sino a través de la CEPA.

El capital social de la sociedad ascenderá a 120 millones de euros, y será distribuido de la siguiente manera: el Ayuntamiento aportará el 33,34%, el Gobierno autonómico el 33,33% y el club de fútbol el 33,33%. Sin embargo, en la constitución de la sociedad, las tres partes realizarán aportaciones por un valor total de 50.500.000 euros, correspondiendo al Gobierno de Aragón una aportación de 20 millones de euros.

El Ayuntamiento aportará el valor del derecho de superficie correspondiente al suelo del estadio municipal, valorado en 24,5 millones de euros. Por su parte, el Real Zaragoza S.A.D. aportará 6 millones de euros como contravalor de los proyectos de construcción y el resto será una aportación dineraria.