ZARAGOZA, 31 Oct. - La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Aragón ha concluido en un informe solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista que no existe ninguna incompatibilidad ni conflicto de intereses en el nombramiento de María Pía Canals como directora general de Vivienda.
El informe, firmado por Juan Pérez Mas, secretario general de la Presidencia, y Eva María Salas, jefa de servicio de Integridad, Planificación y Calidad Normativa, deja claro que un día antes de asumir su cargo, el 1 de septiembre, María Pía Canals renunció a los contratos que tenía como arquitecta con la administración autonómica, según ha informado el Gobierno de Aragón.
Según el informe, el artículo 55 de la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Públicas establece un plazo de dos meses desde la toma de posesión como cargo público para presentar la declaración de actividades y posibles incompatibilidades. La directora general presentó su declaración el 19 de octubre, 14 días antes de que expirara el plazo.
Además, el artículo 52.3 de la misma ley concede un plazo de dos meses desde la toma de posesión como directora general para desvincularse de los contratos públicos en los que fuera adjudicataria. En el caso de Canals, esto ocurrió el 1 de septiembre, al cesar su actividad como arquitecta, sin incurrir en ninguna causa de incompatibilidad.
El informe señala que la resolución de los contratos de Canals con la administración autonómica tuvo lugar el 23 de octubre, cumpliendo así con el plazo de dos meses establecido por la ley desde la fecha de su nombramiento, de acuerdo con la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Públicas.