En Zaragoza, el pasado jueves se llevó a cabo un acto significativo en conmemoración del XLVI aniversario de la Constitución Española. Durante este evento, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se aventuró a afirmar la “fortaleza” del sistema instaurado bajo la Carta Magna de 1978. Por otro lado, el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, planteó una serie de inquietudes relacionadas con la posible vulnerabilidad de la Constitución, citando elementos como la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, las confrontaciones del Gobierno contra el poder judicial, diversos escándalos de corrupción y la controvertida Ley de amnistía.

La conmemoración del 46º aniversario tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, marcando un evento sobrio caracterizado por la ausencia del himno nacional español, en señal de respeto hacia las víctimas de la DANA. En este contexto, las intervenciones de los asistentes se centraron en la estabilidad del Estado y la preocupación por sus posibles debilitamientos, producto de las acciones de los actuales gobernantes.

Entre los asistentes se encontraban diversos representantes públicos y figuras prominentes de la sociedad aragonesa, incluyendo a Jorge Azcón, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, entre otros. Estos invitados escucharon atentamente la lectura de varios artículos de la Carta Magna, resaltando temas fundamentales como la igualdad, la vivienda, la defensa, la atención a la discapacidad y la seguridad.

Beltrán enfatizó que “sin un Estado fuerte no habría forma de prevenir, intervenir, rescatar y reconstruir una zona devastada”. En su discurso, subrayó la importancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que incluyen a la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como al Ejército y la UME, destacando su papel crucial en el rescate y asistencia a la ciudadanía. También destacó el trabajo de los profesionales de la salud, los esfuerzos de reconstrucción de infraestructuras y la labor educativa, indicando que sin todos estos elementos, la restauración de la normalidad sería imposible.

El delegado del Gobierno insistió en que la respuesta que debe ofrecer un país ante calamidades y emergencias es “una enmienda a la totalidad” a aquellos que abogan por un Estado debilitado, así como a quienes, mediante políticas de recortes y privatizaciones, buscan despojarnos del valor que representa lo público.

Asimismo, mostró preocupación acerca de la noción de que “solo el pueblo salva al pueblo”, surgida en el contexto de críticas de ciudadanos valencianos a la tardanza en la asistencia del gobierno. Este lema, según Beltrán, podría convertirse en un peligroso precedente si se institucionalizara y politicizara para menospresar el valor del Estado y lo público.

“Proteger y defender nuestros servicios públicos es un deber de Estado”, afirmó Beltrán, añadiendo que la mejor manera de hacerlo se encuentra en la financiación adecuada de estos servicios, tal como lo estipula el artículo 31 de la Constitución. Defendió un sistema tributario justo que priorice la igualdad y la progresividad, argumentando que respaldar lo público es, en última instancia, respaldar a toda la sociedad y promover un sistema socialmente justo y digno que garantice oportunidades equitativas. “Quien salva al pueblo es un Estado fuerte”, concluyó.

En su intervención, Fernando Beltrán subrayó la importancia de los acuerdos en base al espíritu constitucional, recordando que “no hay mayor fortaleza que llegar a acuerdos”. A su juicio, la priorización del diálogo y la negociación es el camino a seguir, señalando que la Constitución de 1978 es el resultado de un proceso de concesiones y pactos. Refiriéndose al futuro, expresó que no hay camino posible que no pase por la concordia y el consenso, lo que resulta crucial ante los desafíos actuales.

En sus comentarios, Azcón destacó la etapa de “estabilidad y prosperidad” que ha traído la Constitución tanto para Aragón como para el conjunto de España. No obstante, impulsó una reflexión sobre si en la actualidad la Constitución se encuentra más fuerte o debilitada, cuestionando si hay una carga mayor de amenazas o si, por el contrario, se sostenía sobre más fundamentos seguros.

El presidente del Gobierno de Aragón se preguntó retóricamente por la situación del Fiscal General del Estado, que, a pesar de su aparente independencia, se encuentra bajo imputación, cuestionando además la conveniencia de los ataques del Gobierno hacia los jueces, las implicaciones de los casos de corrupción en la vida política, y el impacto que los indultos o la amnistía tienen sobre la igualdad entre todos los españoles.

Finalmente, Azcón ofreció su perspectiva a los medios de comunicación, señalando la necesidad de cuestionar quiénes están trabajando realmente para fortalecer la Constitución y quiénes, con sus acciones diarias, están contribuyendo a su debilitamiento.