En Zaragoza, el pasado 19 de noviembre, los Colegios Oficiales de Enfermería de las tres provincias de Aragón han hecho un llamado urgente a la necesidad de implementar "profundos cambios" en el actual modelo de atención sociosanitaria dirigido a los mayores. Esta solicitud surge tras la trágica noticia del incendio en la residencia de Villafranca de Ebro, donde murieron diez personas y dos más resultaron heridas.

En un comunicado emitido de manera conjunta, estas instituciones han señalado que los problemas ya existentes en las residencias aragonesas se han visto acentuados desde la llegada de la Covid-19, lo que ha puesto aún más en evidencia la fragilidad del sistema actual.

Llamaron la atención sobre la legislación vigente en Aragón, que data de 1992 y que, según ellos, se ha vuelto "obsoleta" en lo que respecta a la regulación de centros sociosanitarios. De acuerdo con su análisis, esta normativa se encuentra a años luz de adaptarse a las realidades demográficas y las necesidades de atención de los usuarios contemporáneos.

Estas preocupaciones fueron recogidas por un comité de trabajo de enfermería, el cual ya en julio anterior había compartido con la Administración una propuesta orientada hacia la actualización y modificación de la legislación actual.

La organización colegial de enfermería enfatiza que el perfil de los residentes en los centros sociosanitarios ha cambiado considerablemente en las últimas décadas. Hoy en día, estas personas evidencian un mayor grado de dependencia y requieren una atención más específica y efectiva.

Esta evolución ha transformado a estas instalaciones en entornos que, cada vez más, se asemejan a centros "sanitarios en lugar de sociales". Las necesidades de salud de los residentes incluyen múltiples patologías y condiciones que exigen una atención especializada.

Entre los problemas concretos que han señalado, destacan enfermedades como la pluripatología, la fragilidad, incontinencias, caídas, síndrome confusional y enfermedades neurológicas degenerativas. Todo esto ha conducido a la preocupante situación de que "personas mayores con una alta carga de enfermedad residen en instalaciones diseñadas para un tipo de cuidado que no satisface sus requerimientos específicos".

Respecto a la normativa de 1992, los Colegios de Enfermería han destacado que su única referencia sobre la atención laboral se ocupa de la cantidad total de trabajadores sin diferenciar entre categorías profesionales. "No se establece una ratio que contemple la especialización de los profesionales en relación a las necesidades de los usuarios", han insistido, subrayando la falta de regulación en los centros de gestión privada.

En cuanto a las residencias privadas con plazas concertadas por el Estado, se aplica una normativa de 1998 que sí establece ratios para médicos y enfermeras, aunque señalan que su cumplimiento no es obligatorio.

También agregan que uno de los grandes problemas del sector es que el personal empleado no siempre cuenta con la cualificación necesaria, ya que existe una "gran variabilidad" en los perfiles profesionales, especialmente en un ámbito que se considera "muy feminizado", donde la mayoría se encuentra en el sector privado y en ocasiones carece de las competencias requeridas.

Además, los Colegios han subrayado que las ratios y los salarios actuales son "insuficientes", a menudo resultado de la falta de recursos y de una comprensión errónea sobre qué es lo esencial para un correcto cuidado y protección de los mayores.

A diferencia de las residencias públicas, donde la situación parece algo más "difrente" dada la titulación adecuada de los profesionales y las mejores condiciones laborales, en estos centros públicos "es crucial que se prioricen aspectos como la indicación enfermera y el reconocimiento de competencias", de manera que se garantice una atención inmediata y eficaz a los residentes.

Ante esta problemática, los Colegios de Enfermería de Huesca, Teruel y Zaragoza han instado a las Administraciones Públicas a realizar una reforma urgente de la legislación, advirtiendo que esta situación es insostenible y necesita un enfoque adaptado a la realidad contemporánea. Insisten en que "es fundamental establecer un modelo de trabajo centrado en las personas, que contemple unas ratios de profesionales de enfermería y médicos acordes al número de residentes, tanto en el sector público como en el privado".

Asimismo, manifestaron su preocupación porque muchos usuarios son atendidos por el personal de los centros de salud, lo que hoy se antoja "invivable" para garantizar una atención adecuada, dadas las dimensiones y complejidades de las patologías presentes en estos lugares.

Por ello, han abogado por una coordinación eficaz entre todos los niveles asistenciales, para asegurar una comunicación fluida sobre el historial médico de los pacientes y acceso equitativo a la atención que requieren todos los centros involucrados.

Finalmente, los Colegios han reiterado la importancia de hacer un reconocimiento profesional a enfermeros y al personal de residencias, lo que se debe traducir en mejoras contractuales y en un salario justo. Además, consideran necesario incorporar especialistas médicos en Geriatría y enfermeras especializadas, ya que son piezas clave no solo en la atención directa sino también en la gestión adecuada de recursos y cuidados.

Por lo tanto, concluyen que es esencial establecer bolsas de trabajo con profesionales calificados y crear grupos de apoyo en las residencias, una medida que demostró ser exitosa durante la pandemia. Estas iniciativas, apuntan, son cruciales para mejorar la calidad de atención de nuestros mayores en un sistema que actualmente enfrenta retos sin precedentes.