El 16 de septiembre en Zaragoza, la alcaldesa Natalia Chueca ha expresado su indignación ante la alarmante situación de un grupo de alrededor de 50 personas que están pernoctando en el Parque Bruil. Atribuyó esta problemática a la ineficacia del Gobierno de España, que, según ella, no está facilitando los trámites administrativos necesarios en Extranjería. Estas gestiones permitirían a estas personas, quienes se encuentran bajo la protección internacional, acceder a viviendas adecuadas que tienen derecho a recibir.

La situación es preocupante según la información oficial: de las 1.553 plazas disponibles a través de organizaciones que colaboran con el Gobierno, únicamente 1.372 están ocupadas, lo que representa poco más del 88% de la capacidad total. Este hecho subraya una posible discrepancia entre la oferta y la demanda de recursos para los solicitantes de asilo.

Para abordar esta situación, Chueca ha decidido contactar de manera urgente al Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Su objetivo es solicitar que se agilicen las citas de Extranjería indispensables para que estas personas puedan obtener la documentación necesaria que les permita acceder a las plazas disponibles a la mayor brevedad posible.

En una reunión celebrada recientemente con representantes de las entidades vecinales del Parque Bruil, la alcaldesa informó sobre la intervención que llevará a cabo en la Delegación del Gobierno para que se ocupen rápidamente las plazas disponibles para aquellos que están solicitando protección internacional.

Dicho encuentro puso de manifiesto la preocupación por la concentración de personas en el parque, donde según datos de Cruz Roja, al menos 42 individuos deberían tener acceso a recursos de protección internacional. Esta cifra evidencia la necesidad urgente de una respuesta más eficiente por parte de las autoridades.

Acompañada por varios consejeros municipales, la alcaldesa también revisó las acciones emprendidas por el Ayuntamiento, que incluyen un aumento de la presencia policial, mejoras en la limpieza de la zona y la autorización para el vallado de ciertas comunidades de vecinos, todo con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida en el área afectada.