CHA solicita un millón de euros al Gobierno de Aragón para la expansión de la residencia en Sariñena.
El próximo martes 11 de noviembre, el grupo político Chunta Aragonesista (CHA) presentará en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón una propuesta crucial para el futuro de la Residencia de Mayores de Sariñena. La iniciativa busca que el Gobierno de Aragón asigne un millón de euros en los próximos Presupuestos para finalizar y poner en operación la ampliación de esta importante instalación.
Esta medida pretende poner fin a un problema que lleva casi dos décadas sin resolverse, lo que ha obstaculizado la apertura de la residencia, a pesar de que ya se han destinado más de tres millones de euros provenientes tanto de fondos municipales como autonómicos.
Mascún Ariste, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Sariñena, ha resaltado el “cualificado esfuerzo económico” que ha realizado el consistorio a lo largo de los años, manteniendo en solitario un servicio esencial para los mayores. Según Ariste, “es hora de que el Gobierno de Aragón asuma su obligación y garantice la finalización de la ampliación, lo que no solo generaría empleo, sino que mejoraría la atención social en la comarca y daría respuesta a una demanda histórica de los habitantes locales”.
Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Bienestar Social y Familia, defendió que esta proposición no de ley surge de una “necesidad apremiante”: proporcionar a las zonas rurales servicios sociales dignos y accesibles. Según Lasobras, el caso de Sariñena ilustra el abandono institucional que sufren numerosas localidades aragonesas, las cuales, pese a su compromiso con la cohesión territorial, no reciben el apoyo adecuado por parte del Gobierno.
La Residencia de Mayores de Sariñena, que abrió sus puertas en 1984, ha sido un pilar en la atención a personas mayores a lo largo de los años. Entre 2007 y 2010, se inició un proyecto de ampliación que, tras quedar parado, fue reactivado en 2022 con una inversión que supera el millón de euros, de los cuales más de 600.000 son del Gobierno de Aragón.
No obstante, la nueva ala aún no ha podido ser inaugurada debido a la falta de adaptación a la normativa actual, y se estima que completar el edificio requeriría un millón de euros más.
“No solicitamos nada que no sea justo, simplemente pedimos que se respete el principio de igualdad de oportunidades y cohesión territorial. Resulta inaceptable que un proyecto cofinanciado por el Gobierno de Aragón permanezca inoperante por falta de voluntad política”, concluyó Lasobras.
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