Julio Calvo, portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha asegurado que la Huerta de Zaragoza está protegida y que no se pueden otorgar licencias para macroproyectos fotovoltaicos. Calvo hizo estas declaraciones durante el debate sobre la implantación de parques de energía solar en zonas de regadío en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, relacionado con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El portavoz de VOX argumentó que el PGOU de Zaragoza no puede permitir usos que dañen el valor específico que se busca proteger, especialmente cuando se trata de terrenos agrícolas de regadío. Según él, convertir estas áreas en campos de placas fotovoltaicas supone dejar de proteger el valor agrícola, ya que ambas actividades no son compatibles.

Calvo también insistió en que la Consejería municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza debería revisar de oficio la Modificación Aislada 153 del PGOU. Se basó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que declara nulas modificaciones aisladas de otros ayuntamientos con los mismos vicios de nulidad que la mencionada modificación en referencia a los proyectos en la Huerta de Zaragoza.

El portavoz de VOX afirmó que esta modificación vulnera claramente el artículo 37 de la Ley urbanística de Aragón, que prohíbe cualquier construcción, actividad o uso que implique la transformación del destino o naturaleza del suelo no urbanizable especial y que lesione el valor específico que se quiere proteger.

En cuanto a las licencias, el Tribunal Supremo ha establecido el "Principio de Separación de Legislaciones", que otorga a las distintas administraciones competencias para dictaminar sobre aspectos medioambientales y de regulación del sector eléctrico. Calvo también se refirió a las resoluciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que indican que se deben contar con todas las licencias y autorizaciones necesarias antes de comenzar las obras.

Calvo señaló que estas autorizaciones del Gobierno de Aragón no implican automáticamente la concesión de todos los demás permisos en materia medioambiental, de ordenación del territorio y urbanística, ya que estas son competencias del Ayuntamiento de Zaragoza.

El portavoz de VOX enfatizó que, en aplicación del Principio de Separación de Legislaciones, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la competencia para negar las licencias si se está vulnerando el ordenamiento urbanístico, incluso si se cuentan con todas las autorizaciones previas en materia medioambiental y de sector eléctrico.

Calvo concluyó que las licencias concedidas, especialmente bajo la modificación aislada 153 del PGOU, son cuestionables y deberían ser objeto de una revisión de oficio por parte del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.