19 de noviembre, Zaragoza.

José Luis Bancalero, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha calificado de "irrespetuosa, irresponsable y nefasta" la reciente propuesta del Ministerio de Sanidad que busca desmantelar el modelo de Muface. Bancalero ha realizado una advertencia contundente: la integración de esta población en el sistema público de salud provocaría un colapso no solo en la sanidad aragonesa, sino también en la de todas las comunidades autónomas en España.

El consejero ha destacado que el informe del Ministerio, publicado recientemente, contempla una incorporación gradual de los mutualistas de Muface a la sanidad pública. Sin embargo, ha manifestado que este plan está completamente desprovisto de una adecuada planificación. "No se han considerado las necesidades para absorber a esta población, ni se han previsto los recursos humanos, infraestructuras o la tecnología necesaria para atender adecuadamente a estos nuevos usuarios”, ha afirmado Bancalero.

Además, Bancalero ha criticado la "falta de comunicación" del Ministerio de Sanidad, señalando que no ha consultado con las comunidades autónomas ni ha compartido el informe de manera oficial o no oficial, lo que ha generado descontento y desconfianza entre las administraciones regionales.

El consejero también ha subrayado que la responsabilidad para abordar este asunto no debería recaer en el Ministerio de Sanidad, sino en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Por esto, ha instado al titular de dicho ministerio, Óscar López, a que reanude las negociaciones con las entidades aseguradoras para encontrar una solución más viable.

Bancalero ha reiterado su defensa del modelo actual de Muface, afirmando que este es "lo mejor para toda la sanidad y lo que la mayoría de los ciudadanos que pertenecen a este sistema desean para su cobertura asistencial". Además, ha enfatizado la urgencia de alcanzar un acuerdo que asegure la atención adecuada de estos usuarios.

Finalmente, el consejero ha revelado que el costo de atender a más de 32.000 mutualistas, de un total de 45.000 funcionarios en Aragón, rondaría los 150 millones de euros anuales, un impacto financiero considerable que no puede ser ignorado en el debate sobre la salud pública regional.