En Zaragoza, el 18 de noviembre, se ha aprobado un nuevo proyecto de ley que busca abordar la cuestión energética en Aragón. Esta iniciativa, presentada por el Gobierno aragonés, pretende fomentar la competitividad del sector productivo mediante un despliegue ordenado de energías renovables, así como incentivar el autoconsumo. Con este movimiento, la administración trata de llenar el vacío que ha dejado la reciente anulación del decreto ley promovido por el anterior marco gubernamental.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, tiene como objetivo llevar esta propuesta legislativa a debate en las Cortes de Aragón en diciembre, donde la vicepresidenta Mar Vaquero se ha comprometido a buscar un amplio consenso. Vaquero ha subrayado que este enfoque es crucial para proporcionar "seguridad jurídica al sector" y para infundir confianza en las empresas de la región, así como en los proyectos e inversiones que han ido surgiendo en los últimos tiempos.

La vicepresidenta ha destacado la necesidad de esta "reacción rápida" en respuesta a la anulación del decreto 1/2023, que promovía la transición energética y el consumo de proximidad en la comunidad. El Tribunal Constitucional no reconoció las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" que se habían alegado para su aprobación, lo que ha motivado a la administración actual a actuar de manera efectiva.

“Consideramos que esta ley es fundamental, especialmente en un momento en el que la energía se configura como una herramienta estratégica para nuestro sector empresarial y económico. Es un recurso esencial que debemos aprender a explotar. Para llenar ese vacío normativo y ofrecer seguridad, certidumbre y confianza a todo el sector, se requiere la elaboración y aprobación de esta ley", ha expuesto Vaquero en su intervención.

A pesar de estos cambios, la vicepresidenta ha afirmado que la nueva propuesta busca "recuperar" gran parte del contenido del decreto anulado, manteniendo "cerca de un 80%" del mismo, y ajustando los 20 artículos que el TC consideró como invasión de competencias estatales.

“Nos mantenemos firmes en nuestra postura; esta normativa refleja principios que ya estábamos de acuerdo. Creemos firmemente en impulsar la competitividad basada en energías renovables”, ha declarado Vaquero, quien asegura que el nuevo proyecto se alinea con los intereses y necesidades del sector.

La vicepresidenta ha desglosado los detalles del proyecto de ley, que incluye nueve capítulos enfocados en promover el autoconsumo y las comunidades energéticas. También se prevé la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, destinado a compensar a aquellos municipios que hayan tenido que albergar instalaciones de parques de energía renovable, canalizando los ingresos obtenidos a través de tributos medioambientales relacionados con estas operaciones.

Entre los capítulos, uno se dirigirá a regular los proyectos de generación de energía renovable prioritarios, introduciendo una "simplificación administrativa" en línea con las directrices del anterior Gobierno sobre iniciativas identificadas de interés general para Aragón.

Además, el proyecto incorpora las recomendaciones de la reciente Comisión de Investigación sobre Energías Renovables, adoptadas de manera unánime, que instan a actualizar la normativa energética para agilizar los procesos administrativos y a planificar el territorio teniendo en cuenta el impacto visual y ambiental de las instalaciones renovables.

“La ley también buscará impulsar la participación en la elaboración del nuevo plan energético”, ha añadido Vaquero, quien espera que este documento sustituya al caducado para el periodo 2013-2020.

Respecto a la ordenación territorial para las energías renovables, se contempla el análisis de los impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas y culturales generados, así como la identificación de áreas que deben ser protegidas para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, basándose en criterios de sostenibilidad y respeto al entorno.

Finalmente, y siguiendo el compromiso adquirido por Azcón durante su debate de investidura, se establecerá un "foro permanente de la energía". Este será un órgano administrativo que incluirá tanto a agentes públicos como privados, quienes participarán de manera consultiva en el ámbito energético, promoviendo un diálogo constructivo en torno a las políticas energéticas de Aragón.