En Zaragoza, el 20 de noviembre, la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón ha respaldado una iniciativa del Partido Popular (PP) que aboga por mantener los conciertos sanitarios que benefician a los titulares y beneficiarios de Muface. Esta propuesta ha recibido el apoyo de la mayoría de los grupos políticos presentes, a excepción de CHA e IU, quienes se han manifestado en contra de la medida.

El portavoz del PP, Jesús Fuertes, ha argumentado a favor de la propuesta haciendo hincapié en que Muface fue creada como respuesta a las carencias y dificultades de acceso a la sanidad que enfrentaban los ciudadanos. Fuertes ha destacado una importante diferencia económica: cada mutualista ahorra al Estado 800 euros, y ha señalado que el 70% de los beneficiarios prefieren la asistencia privada frente a la pública.

Según la exposición de Fuertes, si los funcionarios de Muface optaran por el sistema público, esto podría resultar en un incremento de hasta un 200% en la demanda de consultas externas y atención primaria. Esto, a su vez, generaría una considerable presión sobre los recursos sanitarios y aumentaría las listas de espera para intervenciones quirúrgicas. Fuertes también notificó que sería necesario habilitar urgentemente 115 camas adicionales para garantizar la estabilidad del sistema.

"La colaboración entre el sistema público y privado ha demostrado ser efectiva durante casi cinco décadas", afirma Fuertes, quien subraya que este modelo ha sido beneficioso tanto para los ciudadanos como para las arcas del Estado, instando a que se respete el derecho de los funcionarios a elegir su asistencia sanitaria sin recortes impuestos.

El representante del PP no ha dudado en criticar a la ministra de Sanidad, Mónica García, acusándola de anteponer sus propios intereses a los del bien común y de actuar con deshonestidad para socavar la reputación de la sanidad pública.

Fuertes concluyó que, aunque es necesario avanzar en las negociaciones y realizar ciertas modificaciones, no resulta justo ni razonable desmantelar un sistema que ha funcionado bien de manera tan drástica y basada en ideologías que no tienen cabida en el ámbito sanitario.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha argumentado que la proposición debió discutir en el Congreso de manera formal, resaltando que el Gobierno ya se encuentra en proceso de negociación y ha abierto un espacio para que las aseguradoras privadas presenten sus ofertas.

El socialista Iván Carpi ha calificado la iniciativa como obsoleta y ha sostenido que responde a intereses particulares, cuestionando la lógica de que un pequeño porcentaje de la población pueda afectar de manera tan negativa a todo el sistema público de salud.

El diputado de VOX, Santiago Morón, destacó que el debate actual revela la importancia de la colaboración entre entidades públicas y privadas en el ámbito sanitario. Ha enfatizado que, bajo la actual situación, el sistema estaría propenso a una carga insostenible debido al aumento de demanda en servicios ya saturados.

Por su parte, Joaquín Moreno de Aragón Teruel Existe, defendió que la sanidad no debería ser utilizada como un arma política, recordando que ya hay en marcha un proceso de negociación que implica a las mutuas. Insistió en que, si el sistema público de salud tuviera que atender a un mayor número de funcionarios, también se vería beneficiado con un aumento en los ingresos.

Finalmente, en representación de IU, el parlamentario Álvaro Sanz ha subrayado que mantener el sistema de mutualidades representa una anomalía y ha destacado un incremento del 75% en el número de funcionarios que optan por la asistencia pública. Sanz argumenta que es fundamental mejorar las condiciones de la sanidad pública en lugar de perpetuar un modelo que no responde a las necesidades actuales de la población.