• domingo 04 de diciembre del 2022
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Aragón necesita a Política Territorial que modifique los criterios para detectar la Agencia Española

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ZARAGOZA, 19 Oct.

El Gobierno de Aragón va a remitir al Ministerio de Política Territorial un requerimiento para reclamar la modificación de los criterios evaluables para designar la sede de la futura Agencia Espacial Española, a la que aspira Teruel, y reclamar la suspensión del período de 30 días para la presentación de candidaturas.

El Estado dispondrá de un mes para responder, tras el que el Ejecutivo va a poder interponer un recurso contra la Orden TER/947/2022, que establece los factores y que da comienzo al trámite.

El requerimiento apunta que la orden "no se ajusta a derecho y resulta dificultosamente amenazante para los intereses de la Red social", en tanto que los criterios fijados lejos de impulsar la vertebración y la cohesión del país, como defendió desde el comienzo el Gobierno de España, profundizan en el desequilibrio territorial.

En preciso, el Ejecutivo autonómico pide que se supriman como requisitos evaluables la presencia de "una extensa red de ingreso a medios de transporte público, tanto aéreo, tren, en especial trenes de gran velocidad, y por carretera", tal como "la distancia menor de una hora desde la sede a un campo de aviación en todo el mundo con conexiones a Bruselas y París" y "vuelos a Ámsterdam, Roma y Frankfurt, Praga y Toulouse", como valorables de forma positiva.

Entiende el Ejecutivo que estos criterios ahondan en el desequilibrio territorial, conservan la brecha entre zonas afianzadas y menos desarrolladas y niegan la igualdad de chances para los territorios de la España mucho más despoblada, como Teruel, ya que "solo tienen la posibilidad de cumplirlos los territorios a la perfección vertebrados".

Se vulneran de esta forma "de manera flagrante la mayoría de los principios que deberían haber regido la decisión de la sede", en concordancia al Real Decreto 209/2022 para la determinación de las sedes físicas de las entidades correspondientes al ámbito público institucional estatal; al producto 103.1 de la Constitución de españa y al 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Según los servicios jurídicos de la DGA, los criterios "contravienen precisamente" el producto 2 del Real Decreto, en el que se dispone que la determinación de las sedes se efectuará atendiendo, entre otros muchos, a los principios de "vertebración, equilibrio territorial y adecuación al ámbito de la actividad".

El requerimiento reitera que que "lejos de corregir desequilibrios territoriales, los factores fijados profundizan en tal desequilibrio, haciendo más fuerte el dinamismo económico y popular en zonas de manera perfecta afianzadas, profundizando en la brecha que divide a éstas de otras que han sufrido décadas de desinversión y olvido, mientras que roban, de nuevo, a estas últimas, de la oportunidad de entrar a novedosas ideas y proyectos que conduzcan a su avance y al equilibrio territorial".

El Ejecutivo autonómico cree que "se conserva de este modo una situación que se repite de manera incesante, en razón de la que no se fortalecen las infraestructuras en ciertos territorios por sepa de interés social y económico que lo justifique, y este déficit de infraestructuras es el que espanta toda oportunidad de atrayente para la instalación de proyectos socioeconómicos".

De este modo, los factores "lejos de ayudar a la separación de esta activa que conserva la despoblación y la depresión de la economía, se orientan al efecto opuesto".

También se viola el principio de adecuación al campo de actividad, que "pasa a un último chato, al quedar condicionada su cuenta y opinión a la anterior superación de unos requisitos que únicamente tienen la posibilidad de cumplir zonas densamente pobladas dotadas de infraestructuras afianzadas".

Y se posterga a un background candidaturas, como la de Teruel, "singularmente ideales" atendiendo a causantes especialistas y de investigación, que hacen de la ciudad más importante turolense un principiante polo de avance en materia aeroespacial.

De este modo, el requerimiento se fundamenta asimismo en la quiebra de los principios de buena fe y lealtad institucional, al "alejarse dificultosamente del planteo inicial invocado por la Administración del Estado" y también "ignorar nuestra declaración de pretenciones de la Comisión consultiva" responsable del desarrollo de descentralización, que señalaba que se considerarían "la cohesión popular y territorial, la optimización en el desempeño de los servicios públicos, los escenarios de desempleo y la pelea contra la despoblación".

"Tal seguir viola del mismo modo los principios de compromiso por la administración pública; eficacia en la asignación y utilización de los elementos públicos; cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas y por supuesto el deber de ser útil con objetividad a los intereses en general", censura asimismo el archivo.

El Gobierno de Aragón lamenta que el desarrollo piensa una "afrenta a la igualdad de ocasiones al descartar, de comienzo toda candidatura que no satisfaga unas demandas de irrealizable cumplimiento para la mayoría del territorio español y que no se relacionan con la actividad a desarrollar, sino más bien con el desequilibrio territorial que lastra el desarrollo popular, económico y demográfico de ciertas zonas, y que el acuerdo del Consejo de Ministros viene a perpetuar".

Por último, manifiesta la "indefensión jurídica" que crea el desconocimiento de los criterios de opinión de todos los requisitos que se valorarán, y el de qué manera se marcha a hacer su análisis, lo que interfiere en la transparencia, seguridad lícita, igualdad y también igualdad del desarrollo de descentralización de sedes.

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