El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha comunicado durante la sesión plenaria en las Cortes que en el próximo mes de diciembre se espera conceder un nuevo lote de viviendas públicas en Zaragoza, que incluirá un total de 496 unidades ubicadas en la Avenida de Cataluña y el Picarral.

Azcón destacó que, en los 27 meses de su mandato, el Gobierno ha adjudicado o iniciado un total de 2.900 viviendas, un hecho que considera un hito histórico en la región.

Además, el presidente anunció el lanzamiento del programa 'Más 3.000', que busca ofrecer vivienda pública en alquiler asequible con opción a compra en un plazo de 10 años, con 36 unidades en Utebo, 25 en Alagón y 45 en Figueruelas, sumando en total 3.000 viviendas en los mencionados 27 meses, reafirmando así el carácter inaudito de este logro. Azcón prevé que esta cifra siga en ascenso.

Durante su intervención, Azcón subrayó que el tema de la vivienda es "la principal preocupación" en Aragón y el país, dado que los precios han aumentado notablemente debido a la descompensación entre oferta y demanda. Citando datos del Banco de España, mencionó un déficit de 700.000 viviendas, lo que actúa como una constante presión sobre los precios, una situación que afecta especialmente a la población joven. En este sentido, el proyecto de ley de presupuestos para 2026 incluirá una reducción del 50% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para los jóvenes.

El presidente consideró que el escenario actual es complejo y que no debe abordarse con medidas populistas, optando por incrementar la oferta de vivienda como parte de la “mejor política de vivienda que se implementa en toda España”. Este empeño busca alcanzar un total de 5.000 viviendas antes del final de la legislatura.

Azcón contrastó su enfoque con el anterior Gobierno, indicando que en vez de las miles de viviendas prometidas anteriormente, su administración ha puesto en marcha hasta ahora 2.340 viviendas, y que este número podría crecer si el Gobierno central cede terrenos "ociosos" para construir otras 2.000. También recordó que una sociedad pública construirá 500 viviendas asequibles para trabajadores del sector turístico en 43 municipios.

El presidente afirmó que facilitar el acceso a la vivienda es "la mejor política contra la despoblación", lo que ha motivado el lanzamiento de un plan de vivienda que se extiende a pequeñas poblaciones y ciudades.

Refiriéndose al proyecto de Arcosur, Azcón expresó su satisfacción por haber desatascado una iniciativa que, en los próximos años, permitirá construir 17.000 viviendas, de las cuales 1.000 serán a precios asequibles. Este proyecto se alimentará de recursos obtenidos de grandes inversiones empresariales, que ya están produciendo un retorno positivo de 50 millones para la vivienda asequible.

El presidente reafirmó que la política de vivienda es una prioridad para su administración, resaltando el éxito de la colaboración público-privada en la búsqueda de soluciones para los ciudadanos, especialmente para los jóvenes.

Al dirigir un mensaje al PSOE, Azcón criticó su gestión en materia de vivienda, señalando que durante la presidencia de Pedro Sánchez, los precios se han disparado, y que el anterior Gobierno regional no dejó “ni un programa” preparado para la actual legislatura. Dejó claro que no se aplicará la declaración de zonas tensionadas.

En un tono irónico, el presidente manifestó: "Cuando ustedes fallan en política de vivienda, vienen a darnos lecciones", refiriéndose a los socialistas. Recordó cómo el antiguo alcalde firmó un acuerdo para 24.000 viviendas en Arcosur, a pesar de la oposición de algunos grupos, y prometió que se crearán equipamientos sin precedentes en esa área.

En respuesta a la situación actual, Azcón reafirmó que su Gobierno está avanzando en la construcción de viviendas como nunca antes, destacando la seriedad en la política de vivienda que está llevando a cabo su Ejecutivo.

Por parte del PP, su portavoz, Fernando Ledesma, criticó al presidente del Gobierno español, argumentando que su política de vivienda ha sido solo promesas durante los últimos siete años, mientras los precios continúan en aumento.

Ledesma expuso que, a pesar de las promesas de construir 244.000 viviendas, solo siete ciudadanos se han beneficiado realmente, citando ejemplos como familiares de altos funcionarios que han abusado del acceso a viviendas públicas.

Desde el PSOE, su portavoz, Fernando Sabés, acusó a Azcón de mercantilizar la vivienda, criticando las políticas del pasado y defendiendo la necesidad de combatir la especulación en este sector.

Sabés argumentó que el modelo de Azcón favorece a los promotores en detrimento de los ciudadanos, resaltando el incremento del 23% en el alquiler en Zaragoza en dos años como un claro indicador del fracaso de su política.

Desde Vox, Alejandro Nolasco instó a Azcón a mostrar el protocolo para Arcosur y reconoció que, aunque se están realizando más acciones en vivienda que en el gobierno anterior, todavía no se están resolviendo las necesidades básicas de acceso a una vivienda digna para los aragoneses.

Nolasco puso de relieve la correlación entre el aumento de precios y la inmigración, además de cuestionar el uso de suelos destinados a otros fines para la construcción de viviendas, rechazando los modelos de alquiler propuestos por el Gobierno.

José Luis Soro, portavoz de CHA, planteó interrogantes sobre las condiciones de construcción de vivienda y manifestó su apoyo a un parque público de alquiler, asegurando que las viviendas públicas no deben ser un paso hacia la privatización.

En representación de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte solicitó detalles sobre el protocolo de construcción en Arcosur, describiendo la política de vivienda del Gobierno de Azcón como inadecuada.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, criticó la falta de valentía del presidente en sus políticas de vivienda, pidiendo que se evite la conversión de la comunidad en un mero instrumento de propaganda para alcanzar objetivos demográficos.

Álvaro Sanz, de IU, advirtió que el enfoque de Azcón no se centra en el derecho a la vivienda, sino que se inclina hacia un enfoque de mercado que ignora las necesidades territoriales de la población.

Finalmente, el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, indicó que los ayuntamientos continúan enfrentando problemas con la adjudicación de obras, solicitando una mayor flexibilidad en las ayudas y señalando la dificultad para encontrar empresas dispuestas a ejecutar los proyectos.