En Zaragoza, a fecha del 29 de diciembre, el Consejo de Gobierno de Aragón ha lanzado un ambicioso programa, denominado 'Más Vivienda, Mejor Empleo', que se enmarca dentro del plan más amplio Aragón Más Vivienda 2024-2030. Este programa se integra en los Proyectos de Interés General Autonómico (PIGA) con el objetivo primordial de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores en aquellas localidades donde se estén llevando a cabo importantes proyectos de inversión.

Según la portavoz del Gobierno aragonés, este nuevo programa se centrará en la construcción de viviendas bajo un régimen de protección pública, dirigida especialmente a la población trabajadora de la región. La medida surge en respuesta a la situación crítica que enfrentan alrededor de 47.000 jóvenes en Aragón, quienes encuentran dificultades para acceder a una vivienda digna, con alquileres desorbitados y el elevado coste de la compra de propiedades.

Durante la presentación de esta iniciativa, la portavoz subrayó que uno de los compromisos más destacados del gobierno liderado por Jorge Azcón en los últimos dos años y medio ha sido el de aumentar la oferta de vivienda disponible. Así, se busca vincular las oportunidades de empleo generadas por las grandes inversiones con el acceso a un hogar adecuado para los trabajadores que se desplacen a esas localidades.

La portavoz también destacó que se ha revisado la memoria de los proyectos presentados, lo que revela la creación de miles de puestos de trabajo y, por ende, una clara necesidad de más viviendas en estas áreas de inversión. “Estamos hablando de una demanda que no se puede ignorar”, afirmó.

En respuesta a esta creciente demanda, el Gobierno de Aragón ha diseñado un programa que permitirá agilizar la construcción de viviendas en terrenos destinados a uso residencial, con un proceso más rápido que el habitual en los trámites municipales. Este avance está orientado a asegurar que las construcciones se realicen en plazos menores de lo que actualmente es posible.

La ejecución de estas viviendas será responsabilidad, total o parcial, de los promotores, aunque la administración tendrá la posibilidad de intervenir directamente en aquellos terrenos cuya gestión resulte de los beneficios que les correspondan, conforme a la legislación que regula los PIGA. Este enfoque busca optimizar los recursos disponibles y garantizar el éxito del programa.