Crónica Aragón.

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Aragón denuncia presunta estafa en compra de mascarillas defectuosas ante la Fiscalía.

Aragón denuncia presunta estafa en compra de mascarillas defectuosas ante la Fiscalía.

El Gobierno de Aragón ha decidido llevar ante el Ministerio Fiscal el caso de los contratos de mascarillas "defectuosas" realizados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en 2020, con el fin de investigar si estos actos pueden considerarse como un delito de estafa según el artículo 248 del Código Penal. La cantidad a reclamar en los tribunales supera los 25.000 euros.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha comunicado esta medida con la intención de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

Susín ha criticado la falta de acción del anterior Gobierno de Aragón, liderado por Javier Lambán, a pesar de haber avisado a la empresa contratante, Grupo Santa Catalina, sobre posibles acciones legales para recuperar el dinero pagado por material defectuoso. Sin embargo, estas acciones nunca se llevaron a cabo.

En concreto, el Gobierno aragonés solicitará a Grupo Santa Catalina un total de 25.382,31 euros debido a que las mascarillas adquiridas a un precio de 4,15 euros cada una, bajo la premisa de ser "de uso médico", deberían haber costado 0,75 euros cada una en realidad.

La consejera mencionó que el monto total pagado por las mascarillas, en una compra realizada en abril de 2020, ascendió a 244.570 euros. Además, se detalló que el valor facturado al IASS por las mascarillas defectuosas ascendía a 41.500 euros por 10.000 unidades que no cumplían con los estándares de calidad prometidos.

En el expediente se ha encontrado una factura en inglés de Grupo Santa Catalina que especifica que las mascarillas no eran de uso médico, según explicó la consejera de Bienestar Social.

Se ha destacado que Emilio Santa Catalina, al frente de la empresa contratante, fue denunciado en Canarias por intento de estafa relacionada con la venta de vacunas contra la Covid-19.

Además, se ha señalado que el Gobierno aragonés debe descontar 16.117,69 euros del costo de las mascarillas defectuosas, incluidos en la segunda factura como saldo favorable pendiente de pago. Las mascarillas deficientes permanecen almacenadas en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

Según Susín, la empresa simuló un certificado que falsificaba la calidad y efectividad del material adquirido, algo que ya había sido mencionado en un requerimiento previo enviado por el Gobierno en agosto de 2020, luego de la transacción.

La consejera ha enfatizado la falta de acción del Gobierno anterior al no iniciar un proceso legal para recuperar el dinero perdido, a pesar de haber enviado una advertencia a la empresa sobre posibles acciones legales que finalmente no se llevaron a cabo.

En última instancia, se ha confirmado que se remitirá el caso al Ministerio Fiscal para iniciar la reclamación contra la empresa que engañó al Gobierno de Aragón.

"Estos hechos podrían constituir un delito de estafa según el artículo 248 del Código Penal", concluyó la consejera de Bienestar Social y Familia.