ZARAGOZA, 4 de diciembre. En un contexto de creciente conflictividad laboral, la directora gerente del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), Concha Gil, ha hecho un análisis sobre la situación laboral en 2024, anticipando que se espera cerrar el año con aproximadamente 10.000 expedientes abiertos. Esta cifra representa un aumento del 2,5% en comparación con el año anterior, cuando ya se había detectado un incremento en las disputas laborales. Gil atribuye esta tendencia a la mayor pronunciación de trabajadores con contratos indefinidos, quienes, al perder sus empleos, tienden a reclamar con más frecuencia en comparación con aquellos bajo contratos temporales.

En sus declaraciones a la prensa, luego de participar en una reunión con CEOE Aragón centrada en la evolución del conflicto laboral, la reducción de jornada y el absentismo, Gil expuso que “lógicamente, yo como trabajador, cuando tengo un contrato temporal, ya sé su finalización. Sin embargo, si soy contratado indefinidamente y la empresa decide despedirme, es natural que yo acuda al SAMA”. Esta dinámica, según ha señalado, resulta en la “utilización del contrato indefinido, de facto, como temporal”, lo que complica aún más el panorama.

Además, la directora del SAMA subrayó un aumento notable de bloqueos en las negociaciones colectivas este año, superando incluso al número de huelgas, aunque el 80% de los conflictos que se presentan ante el organismo son de carácter individual, principalmente despidos, seguidos de la extinción de contratos y la impugnación de sanciones. Sin embargo, a pesar de esta situación, los niveles de acuerdo siguen siendo elevados, alcanzando un 75% de los expedientes que se gestionan.

En cuanto al resultado de las mediaciones, Gil indicó que en un 60% de las ocasiones se reconoce la improcedencia del despido, ya sea por razones disciplinarias u objetivas. En el 40% restante, se llega a una convalidación. Los sectores más susceptibles a este tipo de conflictos son los de servicios y metal, con una notable presencia de pequeñas y medianas empresas, situación que refleja el perfil empresarial predominante en Aragón. De hecho, un 17% de los empleados argumentan haber sido despedidos durante situaciones de incapacidad temporal.

Pese a los desafíos actuales, Gil afirmó que hasta ahora no se ha presentado ninguna solicitud de reducción de jornada laboral en el contexto de conflictos colectivos en lo que va de año, ya que se da por hecho que el Gobierno legislará al respecto y las demandas se dirigen a otros aspectos.

En la misma línea, Salvador Sánchez, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón, reconoció que ha habido un aumento en la conflictividad, aunque matizó que este incremento no es alarmante y no debería ser motivo de preocupación extrema. Sánchez hizo hincapié en cuestiones relacionadas con el absentismo, que sí generan una gran inquietud dentro de la patronal, dado que los últimos datos nacionales del primer trimestre de 2024 indican un aumento de 7 décimas hasta alcanzar un 7,3% de absentismo.

“Esto significa que alrededor de 1.100.000 trabajadores no se presentaron a trabajar ningún día", recalcó. A su vez, recordó que las cifras de absentismo abarcan todos los casos, sin importar la causa que impida a un empleado acudir a su puesto laboral. Ante esta problemática, anticipó que la próxima reunión de la Comisión de Relaciones Laborales, programada para febrero, se centrará exclusivamente en el tema del absentismo.

Sobre la situación de Aragón, Sánchez destacó que aunque no se dispone de un dato exacto, la tasa se situa "un poquito por encima de la media" nacional, con la enseñanza y los servicios como principales sectores afectados. Asimismo, enfatizó la necesidad de abordar la incapacidad temporal, que constituye más de dos tercios del absentismo, sugiriendo la implementación de medidas para reducir las listas de espera y mejorar el sistema de salud para disminuir la duración de las bajas, además de un mayor apoyo por parte de las mutuas.

En relación a la posible reducción de la jornada laboral, el dirigente empresarial mostró incertidumbre respecto a la dirección que tomará esta cuestión, reiterando que la pretensión de la patronal es llevar a cabo cualquier modificación con respeto a la vigencia de los convenios colectivos y a través del diálogo social, una estrategia que consideran fundamental.

Sobre los despidos que son sometidos al SAMA, Sánchez subrayó que “cuando hay una ruptura en la relación laboral, es porque no hay otra forma de llegar a un acuerdo”. De todos modos, si bien es cierto que los despidos por motivos de falta de necesidad de un contrato indefinido representan solo una décima parte de los casos, el presidente hizo una lectura positiva de la situación actual.

Finalmente, Salvador Sánchez elogió el papel fundamental del SAMA, al que describió como “el mejor organismo de mediación que existe en España”, argumentando que su labor ha permitido evitar que hasta 5.000 conflictos lleguen a unos juzgados que ya están saturados. Además, mencionó que desde 2010, el SAMA ha logrado prevenir la pérdida de 11 millones de horas debido a huelgas, lo que representa un ahorro de cien millones de euros para las empresas.

No obstante, Sánchez concluyó sugiriendo que “una normativa más clara ayudaría a reducir la conflictividad laboral”. A su juicio, en el contexto actual se está retrocediendo, enfatizando que la normativa se vuelve cada vez más compleja y confusa, lo que fomenta la disputa, ya que las partes tienden a interpretar las leyes de maneras diversas.