ZARAGOZA, 10 de diciembre.

El Gobierno de Aragón se encuentra en una situación favorable al anunciar que a finales de este año superará las 55.000 personas dependientes atendidas a través del Departamento de Bienestar Social y Familia. La consejera Carmen Susín ha comparecido esta semana ante la Comisión de las Cortes de Aragón, en respuesta a una solicitud que llegó de PSOE, CHA, IU y VOX.

Al inicio de la legislatura, la atención a la dependencia estaba limitada y el Departamento se ha esforzado por cubrir todas las plazas disponibles en los equipos de atención, ampliando sus horarios de funcionamiento, incluso en ausencia de ayuda de los fondos europeos. Se ha trabajado con la dificultad añadida de no conocer la lista de espera real.

La consejera ha destacado que las valoraciones realizadas se han triplicado y que, desde el verano pasado, se ha comenzado a reducir la lista de espera. En el mes de octubre, se superó la media de personas atendidas, lo que indica un avance significativo en la atención a la dependencia en la comunidad.

Susín afirmó que, aunque han "desatascado muchos problemas", la situación de precariedad en el sector exige un esfuerzo continuo. Subrayó que las prestaciones de servicios relacionadas con la dependencia han crecido considerablemente, con un incremento de financiación por parte del Gobierno de España que alcanzó los 40 millones de euros, gracias a una gestión eficiente.

En noviembre de este año, el Departamento contrató un equipo específico para acelerar las valoraciones, a los que se sumarán otros dos, habiéndose realizado más de 15.500 valoraciones en lo que va del año. Además, Azcón firmó un acuerdo con CERMI, que ha dado pie al desarrollo del Plan de Atención a la Niña y la Mujer, un avance notable dado que el anterior plan solo se había implementado en un 38%, y que, según Susín, recibió escasa atención de un Gobierno autodenominado feminista.

El cumplimiento del acuerdo con CERMI está en marcha, con dos reuniones de seguimiento hasta la fecha y una tercera programada para enero. En este nuevo marco de acuerdos, se buscará un aumento en la dotación que permita reducir las listas de espera y dar continuidad a proyectos de vida independiente, comenzando por el plan 'Mi casa'. También se está trabajando en mejorar la accesibilidad universal en diversas instalaciones, según lo prometido en los compromisos gubernamentales.

La consejera enfatizó que la atención a los menores sigue siendo un ámbito que requiere mejoras y que el Departamento está en proceso de revisar y redimensionar los servicios. Se anunció que pronto se licitará un nuevo contrato para el Centro de Reforma de Juslibol, que estará “suficientemente dotado” para atender las necesidades de la población.

Durante los últimos años, las fuerzas de izquierda alardeaban de sus logros en defensas de derechos, pero Susín argumentó que "sin financiación, esos derechos son simplemente papel mojado", indicando que no se estaban satisfaciendo las demandas, y que la gestión es clave para la efectividad de políticas en este sector.

Susín, al referirse a proyectos heredados, destacó que la licitación de las obras del Buen Pastor en Zaragoza se inició durante la anterior legislatura en terrenos ajenos al Departamento, y que la obra para pisos tutelados en Valdefierro, que tuvo una adjudicación, fue considerada por el Gobierno saliente como un fracaso.

En agosto de 2023, se detectó que un programa de competencias digitales para menores con dificultades estaba siendo transferido entre departamentos sin éxito, lo cual fue corregido y ahora la Dirección General de Inclusión se encarga de su ejecución, enfocándose en el bienestar de los ciudadanos.

Las carencias en el sector de la discapacidad y en la atención a mayores y menores han quedado evidenciadas, lo que llevó al Departamento a decidir utilizar el aumento presupuestario diseñado para mejorar las condiciones de concertación, incrementando los precios de las plazas más de un 3%. Además, se implementaron mejoras en la gestión de expedientes en el área de discapacidad.

La parlamentaria del PP, Silvia Casas, ha resaltado que el Departamento sigue avanzando a pesar de la "gestión desastrosa" que heredó de los socialistas, apuntando a los recortes realizados y a la falta de cumplimiento del Gobierno de España con su obligación de financiar el 50% de la atención a la dependencia.

Casas destacó el compromiso de la consejera Susín por financiar iniciativas como el proyecto 'Mi casa' con recursos propios, indicando que “desde este Gobierno sí se están tomando medidas”. También hizo hincapié en la necesidad de un mejor uso de las nuevas tecnologías.

Desde el lado de Aragón Teruel Existe, Pilar Buj hizo hincapié en el papel vital de las políticas públicas en la consolidación del Estado del Bienestar, especialmente en áreas despobladas, subrayando el impacto de problemas como la soledad no deseada en esas regiones. Se discutieron medidas específicas para las personas mayores en el medio rural, haciendo referencia a proyectos que buscan abordar esta problemática.

El diputado de VOX, David Arranz, criticó la recepción de inmigrantes ilegales y MENAs, denunciando lo que considera "autobombo y falta de transparencia" por parte del Departamento. Afirmó que el PP oculta la verdad a los ciudadanos aragoneses en beneficio de intereses políticos más amplios y criticó las políticas de género y migratorias, sugiriendo que dependen de los Presupuestos de 2025.

En representación del PSOE, Pilimar Zamora criticó lo que consideró una manipulación deliberada para evitar el debate y acusó al PP de estar "estancado en la oposición". Lamentó la supuesta “nefasta gestión” actual y cuestionó múltiples aspectos sobre la funcionalidad y eficacia del Departamento, sugiriendo que navega sin dirección clara a pesar de contar con un presupuesto potente.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, argumentó que el Departamento ha sido víctima de políticas reactivas y reprobó la falta de atención a los menores más vulnerables.

Finalmente, desde CHA, Isabel Lasobras planteó preguntas sobre futuros planes de apoyo, como el cheque bebé, así como sobre la actualización de leyes relacionadas con la identidad de género y la violencia de género, instando a reforzar políticas dirigidas a la población migrante.