ZARAGOZA, 20 Nov. — En una situación que ha suscitado gran preocupación entre los colectivos que defienden los derechos de las personas con discapacidad, la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Psíquica (AFADI) ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. Denuncian que, a pesar de que algunas comunidades autónomas ya están ofreciendo servicios de salud bucodental para mayores de 16 años con discapacidad psíquica, Aragón no ha dado pasos significativos en este sentido. Esto se produce a pesar de que desde 2022 existen fondos del Ministerio de Sanidad destinados a implementar este servicio.

En la reciente comparecencia ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, la presidenta de AFADI, Teresita Almagro, destacó que los esfuerzos realizados por las familias han permitido poner en marcha un servicio de salud bucodental, aunque este solo esté disponible para menores de 16 años. La situación es compleja, según Almagro, ya que los pacientes con discapacidad suelen requerir un tipo de atención que muchas clínicas privadas evitan, debido a la dificultad de colaboración de estos pacientes, quienes a menudo requieren sedación y, en ocasiones, un quirófano para tratamientos tan simples como una limpieza dental.

Almagro también mencionó que mientras una limpieza dental puede costar alrededor de 100 euros para una persona sin discapacidad, los costos para un paciente que necesita anestesia general pueden ascender a entre 3.000 y 5.000 euros. Esta situación ha llevado a prácticas poco éticas, como el pago en negro, lo que agrava aún más la situación para estas familias, que se sienten desamparadas y explotadas.

El contexto se complica aún más al resaltar que el Ministerio de Sanidad, en 2022, aprobó una ampliación significativa de la cartera de servicios de salud bucodental, dotando a Aragón con 3,3 millones de euros destinados a atender a grupos vulnerables como embarazadas y personas con discapacidad. Sin embargo, la implementación de este plan se ha postergado, a pesar de que debería haberse concretado antes de junio de 2023.

“Es fundamental que estas personas tengan derecho a sonreír, y nosotros merecemos el derecho a no sufrir al ver sus sonrisas,” enfatizó Almagro. Además, lamentó cómo otras comunidades autónomas, como Extremadura y Andalucía, han podido establecer este tipo de atención de manera efectiva, mientras que Aragón permanece estancada, un hecho que describe como profundamente doloroso.

Acompañada por otras vocales de AFADI, como María Jesús Buey, se puso de manifiesto que la situación actual representa una injusticia y desigualdad notable entre ciudadanos de un mismo país. Recordaron que el pasado 23 de mayo, las Cortes de Aragón aprobaron de manera unánime una proposición no de ley para garantizar este servicio, pero a la fecha sigue sin ejecutarse.

En otro dato preocupante, se destacó que en junio, el Consejo de Ministros autorizó una nueva asignación de 68 millones de euros para la atención en salud bucodental, de los cuales casi dos millones correspondían a Aragón. Sin embargo, la atención se ha dilatado mientras la salud de estos pacientes sigue deteriorándose. “Es inaceptable que sigamos esperando”, sentenció Almagro.

Por su parte, Mónica Caballero, otra vocal de AFADI, insistió en que las características particulares de las personas con discapacidad requieren un enfoque especializado, con el respaldo de un hospital público que pueda garantizar el tipo de sedación o anestesia que sus tratamientos demandan.

Caballero expresó su frustración al saber que otras comunidades han implementado estos servicios, preguntándose “¿qué pasa en nuestra comunidad?”. También criticó al gobierno autonómico, recordando que Aragón recibió más de 1,2 millones en 2022, y de los casi dos millones destinados para 2023, solo se transfirieron 694.000 euros, dejando más de medio millón sin gastar. “Desviamos la culpa a la falta de planificación”, concluyó.

Durante el debate, la diputada del PP, María Navarro, subrayó que hay un consenso sobre la necesidad urgente de atender esta demanda y adelantó que el gobierno está comprometido a solucionar este problema. No obstante, hizo hincapié en que la falta de acción previa ha llevado a un retraso significativo en la implantación de estos servicios.

El departamento de Sanidad ha comenzado a implementar nuevas unidades de salud mental infanto-juvenil en el Hospital Militar, y ahora están en proceso de licitar la obra y el equipo necesarios para la unidad de salud bucodental en el mismo centro. Navarro pidió cautela con los plazos, pues las licitaciones requieren tiempo, pero afirmó que el objetivo es tener el nuevo servicio operativo en la primera mitad de 2025.

La diputada socialista Ana María Arellano también se disculpó en nombre de su partido, señalando que deberían haber estado más atentos a estas demandas, que son una prioridad. Expresó que las condiciones actuales son inaceptables, considerando que un simple tratamiento dental representa un gran desafío para estas personas.

Desde VOX, Santiago Morón criticó la falta de planificación, mencionando que dispone de fondos desde hace tiempo. No obstante, subrayó que el problema va más allá de los recursos económicos, resaltando la necesidad de adecuadas instalaciones para poder ofrecer un servicio de calidad a estas personas.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, puso de relieve los costos exorbitantes que las familias deben afrontar y coincidió en que esta es una demanda que debe ser atendida sin sesgos ideológicos. Por su parte, Pilar Buj, de Aragón Teruel Existe, lamentó que se haya llegado a esta situación a pesar de que el dinero para implementar estos servicios ha estado disponible durante años. La salud bucodental —señaló— es fundamental y su falta de atención es “inadmisible” e “inexplicable” cuando otras comunidades han normalizado su acceso a estos servicios sin dificultades.

El representante del Grupo Mixto, Alberto Izquierdo (PAR), pidió disculpas por los errores en la gestión, aunque enfatizó que corresponde al gobierno decidir con qué velocidad se implementarán estas medidas. También se mostró preocupado por la grave situación de tener que devolver fondos al Estado y exigió una respuesta de la Consejería de Sanidad.